El representante legal de Gabriela Casas denuncia irregularidades en el procedimiento
Gabriela Casas, abogada, fue internada el pasado 7 de octubre de manera involuntaria bajo circunstancias que han generado críticas y acusaciones de violación de derechos. Alejandro La Regina, abogado de la letrada, manifestó que la internación se realizó sin una justificación clara y cuestionó el proceso legal seguido. La Regina subrayó que la capacidad mental de su representada no está comprometida, por lo que se espera su pronta externación, dependiendo de la evaluación médica o de una decisión judicial.
"La salud de Gabriela no está comprometida", aseguró La Regina en N9 central, quien se mostró desconcertado ante el uso del Comando de Operaciones Especiales de Infantería para llevar a cabo la intervención. "Todavía no encontramos justificativo alguno para una intervención de este tipo", afirmó el abogado, remarcando que el protocolo de internación involuntaria no fue respetado. Según explicó, este tipo de internaciones están contempladas en la ley de salud mental tanto a nivel nacional como provincial, pero "son medidas excepcionales, restrictivas, y solo corresponden cuando hay un peligro grave e inminente para la persona o terceros, lo que en este caso no se acredita".
La Regina fue contundente al señalar que Gabriela es plenamente consciente de sus decisiones. "La capacidad de las personas se presume según el Código Civil y Comercial, y en este caso, ella no es incapaz", sostuvo. Además, agregó que, aunque pueda existir algún tipo de patología, "esto no fue discutido en el expediente, ya que se trata de una cuestión médica, no legal".
El abogado también criticó el hecho de que, tras una simple entrevista médica, se decidiera su internación forzada, cuestionando la validez del proceso: "Se la privó de su libertad sin que se comprobara un riesgo inminente", explicó. Por lo tanto, la defensa espera novedades en los próximos días, ya sea por una mejoría que lleve a los médicos a externarla o por una decisión judicial que declare la ilegalidad del procedimiento. "El juez o la jueza interviniente debe ordenar la inmediata externación si se determina que no se siguieron los parámetros legales", concluyó La Regina.
