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Corrientes| Dilema en la vacunación contra el Dengue: mitad de solicitantes tienen Obra Social

A pesar del interés, la mitad de los inscritos para la vacuna contra el dengue en Corrientes poseen cobertura social, lo que les impide acceder al beneficio, planteando un desafío para las autoridades de salud.

La campaña de vacunación provincial contra el dengue, lanzada el pasado 10 de abril, se enfrenta a un inesperado desafío: de los 16 mil inscritos para la primera dosis, la mitad cuenta con obra social, requisito que les impide acceder a la inmunización gratuita. Este hallazgo revela una brecha significativa en el acceso a la salud para una gran parte de la población de la provincia de Corrientes.

El principal requisito para acceder a la vacuna es no contar con cobertura social, lo que pone en una posición difícil a aquellos que sí la poseen y desean vacunarse. Sin embargo, la realidad muestra que muchas personas con obras sociales se interesan por la vacunación, lo que sugiere una posible limitación en la cobertura de estos servicios de salud.

La obra social IOSCOR, destinada a empleados públicos, solo cubre el 50% del costo de la vacuna, dejando a los afiliados con un desembolso de $35.000 para acceder a la primera dosis. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de cobertura de las obras sociales para garantizar el acceso equitativo a la salud.

En los primeros días de la campaña, se registraron un total de 16.000 solicitudes de turno, pero la mitad de ellas quedaron fuera del alcance de la vacunación debido a la condición de tener obra social. Este dato insta al gobierno provincial a replantear sus estrategias de vacunación y considerar la apertura del acceso a un grupo más amplio de personas.

Aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos, es decir, tener entre 20 y 40 años y residir en una de las siete ciudades donde se desarrolla la vacunación, tienen la oportunidad de inmunizarse contra el dengue. Sin embargo, la limitación impuesta por la cobertura social plantea un dilema que requiere una pronta solución por parte de las autoridades de salud.

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