Procesaron al intendente de Taco Pozo por una red de pensiones irregulares

La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, resolvió procesar al intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, por su presunta participación en una estructura destinada a otorgar pensiones no contributivas de manera fraudulenta. La medida fue adoptada a pedido del fiscal Carlos Amad, en una investigación que apunta a una organización asentada en el municipio chaqueño y que habría operado durante un tiempo prolongado con recursos y personal estatal.

Ibáñez quedó imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el expediente, el intendente habría utilizado el Centro de Atención Digital (CAD) de Taco Pozo como núcleo operativo para gestionar beneficios destinados a personas que no cumplían con los requisitos legales. El fiscal sostiene que el propio jefe comunal designaba a los encargados de la oficina y facilitaba el funcionamiento del sistema irregular desde allí.

En la causa también aparecen como implicados su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, un hombre identificado como Marcos Rojas y varios empleados municipales. Todos habrían intervenido en la tramitación y validación de las pensiones irregulares, generando un perjuicio económico al Estado nacional. El Ministerio Público Fiscal sostiene que los implicados cumplían funciones específicas dentro de un entramado organizado para simular necesidades sociales inexistentes.

El expediente judicial también plantea que las pensiones no solo se entregaban de forma ilegal, sino que formaban parte de una estrategia política. Según la acusación, Ibáñez habría utilizado estos beneficios en actos proselitistas, lo que sugiere un uso electoral de los recursos públicos. Aunque por el momento no se dictaron medidas de prisión preventiva, el avance del caso complica la situación del intendente y de su círculo cercano en medio de un proceso judicial que sigue en curso.