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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
RESISTENCIA

Cayó una presunta red de lavado de dinero vinculada a organizaciones sociales: hay 4 detenidos

Los acusados habrían recibido más de $220 millones del Estado provincial a través de subsidios y contratos irregulares. La investigación reveló un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados.

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La Justicia Federal de Resistencia ordenó la detención de cuatro referentes de organizaciones sociales en el marco de una investigación por lavado de activos y desvío de fondos públicos. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Patricio Sabadini y ejecutados por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, con órdenes del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Zunilda Niremperger.  

Los detenidos son Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón, quienes, según la investigación, habrían utilizado cooperativas y fundaciones para desviar dinero estatal y blanquearlo mediante la compra de vehículos de alta gama, propiedades y otras inversiones.  

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La investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre movimientos financieros sospechosos de dirigentes piqueteros. Se detectó que Cáceres, monotributista y empleado municipal con ingresos bajos, poseía vehículos como una Dodge Ram y una Dodge Journey, además de propiedades con mejoras costosas. Su pareja y su hermana también registraban bienes sin sustento económico lícito.  

En el caso de Torales Cordeiro, la Justicia determinó que lideraba una red de lavado a través de fundaciones que recibieron más de $231 millones en subsidios provinciales entre 2018 y 2023, sin justificar el uso de los fondos. La investigación reveló movimientos bancarios millonarios, adquisición de vehículos y frecuentes viajes internacionales.  

Además de las detenciones, la Justicia ordenó el secuestro de múltiples vehículos, la inhibición de bienes y allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los imputados. También se investiga la posible venta ilegal de tierras fiscales.  

El fiscal Sabadini sostuvo que el delito de lavado de activos está agravado por habitualidad y organización, lo que podría derivar en penas más severas para los acusados. La causa sigue en desarrollo, y se prevé que la investigación se amplíe hacia otros posibles implicados en la estructura de desvío de fondos públicos.

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