El abogado de la familia del pequeño abusado confesó que buscarán "que no haya impunidad"

Un hecho de abuso infantil sacudió a la comunidad de Santa Sylvina y Gato Colorado, luego de que un niño de 7 años denunciara haber sido víctima de violencia sexual en una escuela rural de la región. Según informó el abogado de la familia, Martín Durando, en diálogo con N9, los presuntos agresores son menores de 12 años y la investigación se encuentra en una fase preliminar. "Esperemos que con el transcurso del tiempo se profundicen los datos y se obtengan mayores precisiones", indicó.  

El abuso habría ocurrido entre el 12 y el 15 de marzo, mientras el menor permanecía en la institución, donde los estudiantes residen durante la semana debido a las distancias entre sus hogares y el establecimiento. La familia advirtió la situación cuando el niño regresó a su casa y mostró signos de malestar. "Se desmayaba, perdía el conocimiento, tenía fiebre. Realmente da escosor escuchar el relato de la madre", expresó Durando.  

Según el abogado, al tratarse de menores inimputables, la investigación apunta a determinar si hubo responsabilidad de adultos. "Lo que podemos advertir en esta etapa preliminar es que hay una posible responsabilidad penal de adultos que no previnieron el hecho y tampoco tomaron las medidas que la ley exige", explicó. En ese sentido, resaltó la importancia de los protocolos escolares que obligan a docentes y directivos a reportar situaciones de abuso infantil de manera inmediata.  

Por otro lado, la madre del niño denunció la falta de acción de la escuela tras haber sido informada sobre lo sucedido. "No ha habido una respuesta satisfactoria de ninguna manera. Ni en rapidez ni en contenido", sostuvo el abogado. La institución educativa, hasta el momento, no emitió un comunicado oficial sobre el caso.  

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Mientras tanto, la comunidad de Santa Sylvina se movilizó en una pueblada para exigir justicia. Vecinos, familiares y organizaciones locales reclamaron una investigación profunda y medidas urgentes para proteger a los niños de la zona. La justicia ya ordenó pericias médicas y psicológicas al menor y sus presuntos agresores, y se espera que en los próximos días se realicen declaraciones en cámara Gesell.  

El caso generó conmoción en ambas provincias y encendió el debate sobre la seguridad infantil en los establecimientos educativos rurales. La familia de la víctima, representada por Durando, se presentará como querellante para impulsar la causa y asegurar que se investiguen todas las responsabilidades. "Es clave que se dilucide si hay responsabilidades de personas imputables y que no haya impunidad", concluyó el abogado.