"Los celulares en prisión ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía" sostuvo el ministro Jorge Gómez
El gobierno de la provincia del Chaco ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen al iniciar el retiro de teléfonos celulares de las unidades penales y otros lugares de detención.
El Dr. Jorge Gómez, Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, explicó que la decisión de prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía. "La experiencia y los indicadores han mostrado que el uso de celulares en las cárceles permite a algunos internos continuar con actividades delictivas, como dar órdenes y coordinar delitos desde el interior de las prisiones", señaló el ministro.
El retiro de los dispositivos móviles busca evitar que los presos utilicen los celulares para amedrentar a testigos, amenazar a víctimas, o incluso para orquestar delitos fuera de los muros de las cárceles. Sin embargo, Gómez aclaró que la medida no pretende limitar el derecho de los internos a comunicarse con sus familiares. "La comunicación con los seres queridos es fundamental, y para quienes estén interesados en estudiar, el uso de teléfonos móviles con fines educativos está permitido bajo ciertas condiciones", precisó el ministro.
Este cambio fue precedido por un debate en la legislatura provincial y una promesa de campaña del gobernador. A partir de ahora, los detenidos en la provincia del Chaco ya no tendrán acceso libre a los celulares, una práctica que, según Gómez, había generado "una anomia" en la gestión anterior, donde se permitía un acceso casi irrestricto. "No se trata de impedir que los internos se comuniquen, sino de evitar que el celular sea utilizado con fines delictivos", reiteró el Ministro de Justicia.
El proceso de retiro será gradual, comenzando con un período voluntario durante el cual los internos podrán entregar sus dispositivos de forma pacífica. Pasado este plazo, se iniciarán los operativos de requisa para incautar los teléfonos que aún se encuentren en poder de los detenidos. Aunque esta acción recae principalmente en el Ministerio de Seguridad, Gómez destacó la colaboración interinstitucional, afirmando que la Subsecretaría de Derechos Humanos también está comprometida en el monitoreo de las unidades penales para garantizar el cumplimiento de la medida.
El debate sobre la "puerta giratoria" y la justicia penal
El ministro también se refirió al actual debate nacional sobre la llamada "puerta giratoria" del sistema judicial, un fenómeno que ha generado preocupación entre los ciudadanos. En este sentido, Gómez subrayó que la justicia debe acompañar las políticas de prevención del delito, no solo castigando, sino también asegurando que los reincidentes no continúen con su accionar delictivo.
"En nuestra provincia se está analizando la implementación de leyes que, como en Corrientes, puedan facilitar un tratamiento más efectivo frente a la reiteración delictiva. Es un tema que debe ser abordado con urgencia, ya que la repetición de ciertos delitos por parte de individuos que no enfrentan sanciones adecuadas afecta la seguridad y tranquilidad de la gente", explicó el Dr. Gómez.
La situación de los detenidos y el tratamiento de la reincidencia son cuestiones clave en la agenda de justicia del gobierno chaqueño, que busca mejorar la eficacia del sistema penal y de prevención del crimen.
Un avance en la modernización del sistema penitenciario
A lo largo de los últimos años, el gobierno de Chaco también ha iniciado un proceso de refuncionalización y modernización de sus instalaciones penitenciarias, que no solo involucra la cuestión de los celulares, sino también el acondicionamiento de las infraestructuras para ofrecer mejores condiciones a los detenidos. Este proceso es parte de un plan integral que busca optimizar tanto las condiciones de seguridad como los programas de rehabilitación.
