Le otorgaron la libertad condicional a Horacio Losito, el represor que fue homenajeado por el ejército
El exmilitar, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, fue beneficiado nuevamente por la Justicia pese a la falta de arrepentimiento.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia otorgó nuevamente la libertad condicional a Horacio Losito, exmilitar condenado a prisión perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en 1976. La medida, tomada a pesar de su falta de arrepentimiento y las objeciones de la fiscalía, generó un profundo malestar entre organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. La decisión revive el debate sobre el tratamiento judicial a los responsables de delitos de lesa humanidad en Argentina.
Losito, quien había recibido la misma medida en diciembre de 2023, pero la perdió tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en julio de 2024, vuelve a quedar en libertad gracias a un fallo que prioriza las circunstancias legales sobre las implicancias éticas. El juez Juan Manuel Iglesias, encargado de la resolución, sostuvo que el arrepentimiento no es un requisito indispensable para conceder la libertad condicional, argumentando que la ley no hace distinciones entre delitos comunes y de lesa humanidad.
La polémica no se limita al fallo judicial. En febrero de 2024, Losito fue homenajeado en un regimiento militar en Misiones como veterano de Malvinas, un acto que generó sanciones dentro del Ejército tras considerarse que implicó honores a un condenado por crímenes aberrantes. Este tipo de reconocimientos y beneficios ha sido interpretado por críticos como una muestra de impunidad que contradice los avances logrados en décadas de lucha por la verdad, la justicia y la memoria.
Desde la fiscalía, Diego Jesús Vigay y Horacio Francisco Rodríguez enfatizaron que Losito no solo niega haber cometido delitos de lesa humanidad, sino que justifica sus acciones bajo el pretexto de obediencia debida en un contexto político que describió como una "guerra". Este posicionamiento fue considerado por los querellantes como una prueba de su falta de rehabilitación y de respeto hacia las víctimas. No obstante, el tribunal concluyó que cumplía con los requisitos formales para acceder al beneficio.
La resolución será apelada por la fiscalía, que busca revertir el fallo. Mientras tanto, organismos como HIJOS Chaco denunciaron lo que califican como un "plan de impunidad" para beneficiar a represores y señalaron la complicidad de sectores judiciales y políticos. "El único lugar para un genocida es la cárcel", manifestaron en un comunicado que pone de relieve el descontento social ante un fallo que, una vez más, pone en jaque los pilares de la memoria, la verdad y la justicia.
