Rechazan el amparo de una jueza que pretendía jubilarse para evitar el juicio político
La Sala Contencioso Administrativa rechazó el pedido de jubilación de la jueza Teresita Fanta, suspendida y acusada de violencia laboral y mala gestión.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la acción de amparo presentada por la jueza Teresita María Beatriz Fanta, quien intentaba obtener su jubilación por invalidez para evitar un juicio político en su contra. Este fallo, dictado el pasado 20 de diciembre, respalda la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de no otorgarle la baja del cargo, argumentando que el proceso de juicio político ya había sido iniciado formalmente.
La jueza, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 22 de Resistencia y actualmente suspendida, enfrenta serias acusaciones de violencia laboral e irregularidades en la gestión de su tribunal. Según la Procuración General, estas conductas tuvieron consecuencias graves para el personal bajo su cargo y los justiciables. Los testimonios de empleados judiciales documentan malos tratos que derivaron en licencias psiquiátricas y traslados.
El fallo sostiene que la negativa del STJ no vulnera el derecho constitucional de Fanta a la jubilación, sino que condiciona su ejercicio a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento. Las juezas Serrano y Silva destacaron que la medida es coherente con las disposiciones legales aplicables y no afecta la posibilidad de que la magistrada acceda a este beneficio si el proceso resulta favorable.
Las acusaciones contra Fantaincluyen incumplimientos reiterados de plazos procesales, negligencia en la tramitación de causas y actos incompatibles con la ley de erradicación de violencia laboral. Además, según informes del STJ, la magistrada no implementó mejoras de gestión acordadas tras su reincorporación en 2021, lo que agravó los problemas.
En su defensa, Fanta podría apelar la sentencia para intentar revertir la decisión. Sin embargo, la resolución permite que el Jurado de Enjuiciamiento avance con el proceso, postergado en dos ocasiones por recusaciones y maniobras legales de la magistrada.
El caso marca un precedente en el ámbito judicial chaqueño al ser la primera vez que un funcionario enfrenta un juicio político por denuncias de violencia laboral contra empleados. Los próximos pasos dependerán de las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento y eventuales apelaciones.
Fuente: chacodiapordia.com
