"En Taco Pozo desbaratamos una red mafiosa contra el Estado" señaló el fiscal Amad
En las últimas semanas, la investigación sobre pensiones por discapacidad irregulares en la provincia del Chaco ha tomado un giro significativo. A través de auditorías realizadas en varias localidades, se han detectado miles de casos de pensiones otorgadas de manera fraudulenta, lo que podría implicar un perjuicio económico multimillonario para el Estado.
Según el titular de ANSES en Juan José Castelli, Martín Magñano, se emitieron alrededor de 2.600 citaciones, aunque no todas pudieron ser entregadas debido a dificultades con los domicilios registrados. En General San Martín, se auditó más de 300 pensiones no contributivas por invalidez, un procedimiento clave en el marco de una investigación que afecta a diversas localidades del Chaco, incluyendo Taco Pozo, donde se han realizado intervenciones específicas.
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El Dr. Carlos Amad, fiscal federal que lidera la investigación, en diálogo con Noticiero 9 detalló que los operativos se han centrado en la identificación de responsables, tanto entre los beneficiarios como entre los profesionales que facilitaron estos fraudes. Amad afirmó: "En Taco Pozo, se llegó a las imputaciones de 13 personas, y aunque hubo un cambio de juez, seguimos esperando una resolución procesal."
La magnitud del fraude es alarmante. Según las auditorías, hay indicios de que una gran cantidad de pensiones fueron otorgadas a personas que no cumplían con los requisitos legales para recibir este tipo de asistencia. "El perjuicio es multimillonario, y si proyectamos los resultados, llegamos a la conclusión de que casi el 80% de las pensiones otorgadas en su momento fueron falsas", explicó Amad. Solo en Taco Pozo, la cantidad de pensiones irregulares alcanza las 740, lo que representa una cifra anual de más de mil millones de pesos.
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El fiscal también relató casos asombrosos, como el de una persona de 80 años que cobraba una pensión por discapacidad a pesar de realizar trabajos físicos intensos. "Este señor no sabía que estaba cobrando una pensión. A veces, las personas más vulnerables son explotadas por quienes deben proteger sus derechos", dijo Amad, refiriéndose a los casos de personas mayores que, sin conocimiento, fueron incluidas en este entramado fraudulento.
Este fraude no solo afecta a los beneficiarios engañados, sino que también pone en evidencia la existencia de una red de complicidad que involucra a médicos, bioquímicos y funcionarios de ANSES. "Es una organización mafiosa, integrada por profesionales del hospital local, funcionarios públicos y hasta el intendente del lugar. Ellos se encargaban de falsificar historias clínicas para obtener pensiones ilegales", afirmó Amad.
A medida que las investigaciones avanzan, se espera que más personas sean procesadas por su implicación en este esquema de defraudación al Estado. El fiscal concluyó: "Seguiremos informando sobre el progreso de estas investigaciones. Es importante que la sociedad sepa lo que está sucediendo, ya que muchos de estos beneficios eran destinados a personas que realmente los necesitaban, pero que fueron perjudicadas por estas malas prácticas."
