La Corte Suprema ordenó el juicio oral a Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán
El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas, confirmando la decisión de avanzar hacia el debate oral y público.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que Cristina Kirchner y otros implicados en la causa del Memorándum con Irán deberán enfrentar un juicio oral. En una decisión unánime, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos que buscaban sostener el sobreseimiento de la ex presidenta, confirmando así lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. Este fallo deja en claro que no se trata de evaluar el fondo del caso, sino de ratificar que existen elementos suficientes para llevar las acusaciones al ámbito de un debate público.
La causa tiene su origen en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman en 2015, quien acusó a la entonces presidenta de encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán. Aunque inicialmente fue desestimada, el expediente cobró fuerza tras el procesamiento de Cristina Kirchner en 2017 por el juez Claudio Bonadio, quien amplió la acusación a figuras clave de su gobierno. Desde entonces, la causa atravesó numerosas instancias judiciales, incluyendo un sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral Federal 8 en 2021, posteriormente revocado por Casación.
El fallo de la Corte también desestimó las recusaciones presentadas por la defensa contra los jueces que integran el tribunal encargado del juicio oral. De esta manera, Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu seguirán al frente del proceso. Las defensas habían cuestionado su imparcialidad, alegando antecedentes de condenas a la ex presidenta en la causa Vialidad, pero el máximo tribunal consideró infundados estos planteos.
Además de Cristina Kirchner, el juicio involucrará a otros diez acusados, entre ellos ex funcionarios y aliados políticos como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D’Elía y Andrés Larroque. La imputación principal radica en presuntas negociaciones paralelas al marco institucional, destinadas a otorgar impunidad a los ciudadanos iraníes señalados como responsables del ataque a la AMIA. El proceso será una nueva instancia para evaluar las pruebas y contrastar los argumentos de las partes.
