¿Hacia dónde va nuestra democracia? El Gobierno quiere eliminar las paso e impulsar una reforma electoral
La eliminación de las PASO no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas, debilitando la representatividad de las fuerzas menores. Por: Diego Merlo
Las PASO, concebidas como una herramienta para democratizar la vida interna de los partidos, permitieron en su momento ampliar la participación ciudadana en la definición de candidaturas. Sin embargo, esta virtud no logró superar su pecado original: haber sido impuestas sin una construcción colectiva ni un consenso político amplio. Lo que debía consolidarse como un derecho se implementó como una obligación. Así, en el presente, estas elecciones han quedado en un limbo: un mecanismo defendible en teoría, pero con escaso apoyo práctico y político.
El argumento económico es central en el debate. Los más de 45 mil millones de pesos que costaron las PASO en 2023, ajustados por inflación, son un gasto difícil de justificar en un contexto de crisis fiscal. No obstante, resulta ingenuo pensar que esta sea la única razón detrás de su eliminación. Las reformas electorales nunca son neutrales, y las decisiones que se toman responden, antes que nada, a cálculos de poder. Si las PASO hubieran resultado electoralmente ventajosas para el oficialismo, difícilmente se estaría discutiendo su eliminación.
La propuesta de reforma también pone el foco en los partidos políticos, con la intención de profesionalizar y racionalizar el sistema. Se busca limitar la proliferación de los llamados "sellos de goma", esos partidos que solo aparecen en el calendario electoral sin un trabajo político consistente entre comicios. Elevar el umbral de afiliados y votos necesarios para mantener la personería jurídica puede ser razonable desde un punto de vista técnico, pero genera preguntas sobre el impacto en las minorías políticas, especialmente en aquellas con dificultades para superar las barreras administrativas o electorales.
La discusión sobre la implementación de la boleta única de papel agrega otro matiz. Este cambio, positivo en teoría por su potencial para simplificar y abaratar los procesos electorales, enfrenta el desafío práctico de un sistema atomizado. Con decenas de partidos compitiendo, el diseño de la boleta podría convertirse en un obstáculo logístico y en una fuente de confusión para los votantes.
Por último, la reforma al financiamiento de los partidos políticos abre un debate relevante. La eliminación de la obligación de imprimir boletas reducirá costos para las fuerzas políticas, pero también plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la equidad en el acceso a recursos y espacios publicitarios. Este aspecto, aunque menos visible, puede ser crucial para el desarrollo de una competencia electoral justa.
En definitiva, estas reformas prometen cambiar el paisaje político y electoral de Argentina, pero no sin riesgos ni tensiones. La eliminación de las PASO, las nuevas reglas para los partidos y los cambios en el financiamiento no solo alterarán la dinámica entre las fuerzas políticas, sino que también modificarán la experiencia electoral de los ciudadanos. Resta por ver si estos cambios logran fortalecer nuestra democracia o si, por el contrario, terminan generando nuevos desafíos y desigualdades.
