Controversia por la internación forzada de la abogada Gabriela Casas: habría un "trasfondo familiar"

El 7 de octubre, la abogada Gabriela Casas fue internada en el área de salud mental del Hospital Perrando, tras un operativo que incluyó un gran despliegue policial en su domicilio. Vecinos del barrio Provincias Unidas, donde residía Casas, protestaron frente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, denunciando falta de transparencia y cuestionando el proceder de las autoridades.

El operativo ha sido objeto de controversia, con vecinos y testigos que calificaron la situación como "preocupante y vergonzosa". Casas, empleada del Poder Judicial, fue retirada de su hogar tras la irrupción de agentes que, según testigos, rompieron el portón de su propiedad para acceder al lugar. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia en la que se le habría administrado un calmante.

El hermano de Casas, señalado por los vecinos como el principal interesado en una disputa por la herencia de bienes familiares tras la muerte de su padre, observó el operativo desde su automóvil, lo que acrecentó la tensión en la comunidad.

"Es una cuestión que debe resolverse por los canales institucionales"

La doctora Elisa Fernández Aselles, presidenta del Consejo de Abogados del Chaco, ofreció declaraciones sobre el caso, subrayando que el Consejo emitió un comunicado oficial debido a la inquietud manifestada por varios colegas del ámbito jurídico. "Creemos, por supuesto, que es una cuestión que debe resolverse por los canales institucionales, que es lo que corresponde que se haga", expresó Fernández Aselles.

Pese a la preocupación general, Fernández Aselles aclaró que no se cuenta con información oficial sobre el estado de salud de Casas. "No tenemos información oficial, por eso no te podría decir o expedirme al respecto", dijo, y agregó que el Consejo solicitará los datos correspondientes para actuar en función de ellos.

El Comité de Prevención contra la Tortura intervino en el caso

Durante el operativo, se informó que el Comité de Prevención contra la Tortura intervino en el caso, aunque la doctora Fernández Aselles indicó que hasta el momento no ha recibido información sobre el alcance de dicha intervención. "La única información que tengo es la intervención del Comité, no sé si en carácter de patrocinante, pero sí que han solicitado información", afirmó la abogada.

El despliegue policial, que involucró a unos 20 efectivos, ha generado críticas por lo que algunos consideran un uso desmedido de la fuerza pública para un caso de salud mental. Según Fernández Aselles, existen protocolos establecidos para este tipo de situaciones, pero "sin perjuicio de lo que establezca el protocolo, hay ciertas garantías constitucionales como el debido proceso, que también deben respetarse".

La Defensoría General del Chaco emitió un comunicadorespaldando el accionar de las fuerzas de seguridad y los médicos, afirmando que la intervención se llevó a cabo en base a la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) y que se cumplió con los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de la persona y su entorno.

No obstante, la falta de claridad en torno a la razón que motivó la internación de Casas sigue generando incertidumbre. Vecinos y allegados cuestionan si la abogada realmente representaba un riesgo para sí misma o para terceros, como lo requiere la ley para este tipo de intervenciones. Según testimonios, el padre de Casas, fallecido recientemente, había logrado sacarla de una internación anterior, y muchos sospechan que la situación actual está ligada a conflictos por la herencia familiar.

¿Un conflicto familiar detrás del operativo?

Diversas versiones apuntan a un trasfondo familiar en el caso de Gabriela Casas. Según vecinos, tras la muerte del padre de la abogada, su hermano se habría interesado en los bienes familiares, lo que podría haber desencadenado la internación forzada de Casas. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concretas que vinculen directamente esta disputa con el procedimiento judicial.