España: desbarataron red que cobraba hasta 30.000 euros para regularizar inmigrantes
La organización criminal operaba desde Cataluña y tenía conexiones en Pakistán. Según los Mossos d’Esquadra, obtuvo más de 3,2 millones de euros mediante contratos laborales fraudulentos para facilitar permisos de residencia y trabajo a ciudadanos pakistaníes.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 50 personas, entre ellas 43 empresarios, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a gestionar ingresos irregulares y regularizaciones fraudulentas de ciudadanos pakistaníes en España. La investigación determinó que la red cobraba hasta 30.000 euros a quienes buscaban ingresar al país con un permiso de trabajo y residencia, y hasta 8.000 euros a quienes ya estaban en territorio español y necesitaban regularizar su situación.
Según informó la policía catalana, la organización tenía una estructura estable desde 2019, con integrantes en Cataluña y colaboradores en Pakistán. Su mecanismo consistía en simular relaciones laborales mediante contratos y documentación falsa, utilizando empresas de distintos rubros como establecimientos de alimentación, restaurantes, firmas de reformas y talleres metálicos. Entre marzo de 2022 y julio de 2023, habría tramitado 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 obtuvieron una resolución favorable.


De acuerdo con la investigación, esos trámites le permitieron recaudar más de 3,2 millones de euros, sin contabilizar los pagos correspondientes a expedientes rechazados o archivados ni los realizados por personas que ya se encontraban en España. Los investigadores también detectaron que algunos trabajadores terminaban en condiciones laborales precarias o cercanas a la explotación, mientras que en otros casos los empleos eran ficticios y finalizaban una vez obtenidas las autorizaciones.
La operación se desarrolló en dos fases, los días 26 y 27 de octubre. En total, fueron identificados doce presuntos integrantes de la organización y 62 empresarios vinculados a las maniobras. De los siete miembros de la red detenidos, tres quedaron en prisión por orden judicial. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los empresarios arrestados se les imputan los dos últimos delitos.
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