Mazzoni y Casco reconocieron su responsabilidad y fueron condenados por lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó en un juicio abreviado al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y al exjefe penitenciario César Pablo Casco por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los dos reconocieron su responsabilidad penal por hechos de los que habían sido absueltos en 2019 y que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó volver a juzgar.

La jueza subrogante Mariela Emilce Rojas, a cargo del tribunal de manera unipersonal, homologó el acuerdo y dio a conocer la sentencia el miércoles 21 de octubre. Impuso seis años de prisión a Mazzoni y cuatro a Casco, ambos con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Al unificar esas penas con los 11 años que cada uno ya tenía en la misma causa, la condena quedó en 14 años para el exfiscal, de 79 años, y en 13 para el exjefe penitenciario, de 81.

Una causa que volvió a juicio

El expediente había tenido sentencia el 16 de octubre de 2019. En ese fallo, Mazzoni fue condenado por los hechos contra Mirta Susana Clara y María Gregoria Pérez, pero absuelto en los casos de Aníbal Ponti, Hugo Ramón Barúa y Eugenio Domínguez Silva. Casco fue condenado por los tormentos a Hugo Alberto Dedieu y absuelto por lo ocurrido con Carlos Raúl Aranda.

El 30 de diciembre de 2020, la Sala IV de Casación anuló esas absoluciones y reenvió la causa para un nuevo pronunciamiento. También anuló parcialmente la condena por apremios ilegales. Por eso, en el acuerdo, los hechos contra Clara y Pérez pasaron a calificarse como tormentos agravados por tratarse de perseguidas políticas. La defensa de Mazzoni llegó con una queja a la Corte Suprema, que todavía no la resolvió.

El acuerdo se presentó en la audiencia del 6 de octubre. Participaron los fiscales Federico Martín Carniel, Diego Jesús Vigay y Horacio Francisco Rodríguez, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, y el defensor oficial José Alejandro Goren. Aranda, Domínguez Silva y los familiares de Barúa y Ponti ratificaron de manera virtual su conformidad. Para la jueza, se trata de víctimas del terrorismo de Estado que esperan desde hace más de 48 años una respuesta de la Justicia.

Lo que se tuvo por probado

Según la sentencia, Ponti estuvo unos 40 días incomunicado en la Brigada de Investigaciones, donde lo torturaron con golpes, asfixia y picana eléctrica. Tras un hábeas corpus, Mazzoni, entonces secretario del Juzgado Federal, fue a la Brigada con el médico policial. Las lesiones se atribuyeron a "falta de higiene", y el acuerdo establece que el exfiscal participó de ese informe médico simulado. Ponti estuvo siete años detenido y volvió a denunciar las torturas ante Mazzoni, ya como fiscal, sin que se abriera ninguna investigación.

Domínguez Silva tenía 17 años cuando lo detuvieron, en septiembre de 1975. Denunció golpes y la fractura del tabique nasal, y Mazzoni conoció esa denuncia directamente. Aun sabiendo que era menor de edad, el exfiscal lo acusó y consiguió su condena sin aplicarle el régimen tutelar. En febrero de 1978, cuando visitó el lugar el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo sacaron en forma clandestina de la Alcaidía y lo escondieron en la Brigada.

Barúa fue detenido en su casa en presencia de Mazzoni, que vio los golpes durante el procedimiento. En 1977 contrajo tuberculosis, entró en coma por falta de atención médica y pasó 30 días internado con una pierna esposada a la cama.

Clara, viuda de Néstor Sala, uno de los desaparecidos en la Masacre de Margarita Belén, estaba embarazada cuando la detuvieron. En el Juzgado Federal pidió un abogado y cuidados por su embarazo. Mazzoni respondió llamando por teléfono a la Brigada para preguntar si hacía falta interrogarla sobre algo más. Pérez le mostró las quemaduras de cigarrillo que todavía tenía en el cuerpo, y él nunca dejó constancia de las torturas denunciadas.

En el caso de Casco, el fallo lo ubica como jefe de guardia de los pabellones de presos políticos de la Prisión Regional del Norte (U7). En junio de 1977 le impuso a Aranda 30 días de encierro en un pabellón de castigo: desnudo, con baños de agua helada dos veces por día en pleno invierno y una alimentación mínima. La jueza concluyó que ejecutó los tormentos de propia mano y bajo su mando directo.

Los delitos

Mazzoni fue condenado como autor de encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos, omisión de dar cuenta de una detención ilegal y omisión de promover la persecución de delincuentes, por los hechos contra Ponti, Barúa y Domínguez Silva. También fue condenado por tormentos agravados contra Clara y Pérez. Casco fue condenado como autor de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. En su caso se aplicó la ley 14.616, vigente al momento de los hechos y más benigna que la escala posterior.

Rojas declaró que todos los hechos juzgados son crímenes de lesa humanidad. Aclaró que no analizó la figura de genocidio porque las acusaciones no la plantearon, aunque sostuvo que, a su criterio, lo ocurrido en el país fue una práctica social genocida.

Tercera condena para cada uno

En 2019, en la causa conocida como Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal, Mazzoni y Casco se convirtieron en los primeros civiles condenados en el Chaco por delitos de lesa humanidad de la última dictadura. En 2021, Casco recibió tres años y seis meses de prisión en el juicio Caballero III. En 2024, en Complicidad Judicial II, Mazzoni fue condenado a cinco años y seis meses por presenciar una sesión de tortura cuando era funcionario judicial.

Con este fallo, la provincia suma su decimocuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad.