Condenaron a exsecretarios y abogados de la red del ex juez Soto Dávila por asociación ilícita

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó las nuevas penas para ocho de los condenados en la causa por la red de corrupción que funcionó dentro del Juzgado Federal N.º 1, que estaba a cargo del exjuez Carlos Soto Dávila. Las sanciones van de 2 años a 9 años y 6 meses de prisión. Los condenados son exsecretarios judiciales, abogados y un exintendente. La decisión sobre el exmagistrado quedó postergada.

Los nuevos montos se fijaron por una resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En diciembre de 2024, esa sala sumó el delito de asociación ilícita a la condena de varios de los acusados y devolvió el expediente al tribunal correntino para que fijara las penas de nuevo. En el juicio oral de 2023 los imputados habían sido absueltos por esa figura y condenados solo por cohecho y prevaricato. En aquel fallo Soto Dávila recibió seis años de prisión, Molina cinco y Grau cuatro.

Según quedó acreditado, la organización estaba integrada por funcionarios judiciales y abogados particulares, cada uno con un rol definido. Los abogados tenían contacto con los narcotraficantes por un lado y con los secretarios del juzgado por el otro. Así, cobraban dinero a personas investigadas por narcotráfico a cambio de resoluciones judiciales favorables. La investigación apuntó en particular a una banda que durante años ingresó marihuana desde Paraguay por Itatí.

Cómo quedaron las penas

La condena más alta fue para el exsecretario judicial Pablo Carlos Molina: 9 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. El también exsecretario Federico Alberto Grau recibió 6 años y 6 meses de prisión y la misma inhabilitación.

Entre los abogados, Duylio Horacio Barboza Galeano fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Gregorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione y Jorge Ricardo Vallejos recibieron 3 años y 6 meses cada uno. Omar Antonio Serial fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.

El exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, recibió 2 años de prisión en suspenso. Las penas responden al grado de participación de cada uno en los delitos de asociación ilícita y cohecho.

Molina ya está detenido por otra causa. En septiembre fue apresado en su domicilio de Chaco después de que la Corte Suprema dejara firme otra condena: cuatro años de prisión por intervenir el teléfono de su pareja con un oficio que simulaba ser parte de una causa narco. En julio, el máximo tribunal también había rechazado los recursos de queja que él y Grau presentaron contra el fallo de Casación en este expediente.

La situación de Soto Dávila

El tribunal no fijó todavía la pena para el exjuez. Su defensa presentó un planteo de incapacidad sobreviniente y los jueces decidieron suspender esa definición.

El Ministerio Público Fiscal se opuso. Pidió que el exmagistrado fuera citado a la audiencia para resolver su sanción, porque consideró que el planteo de la defensa no justificaba demorar el trámite. El tribunal, de todos modos, pospuso el caso.

Soto Dávila estuvo más de dos décadas al frente del juzgado federal más importante de Corrientes. Renunció en febrero de 2019, poco antes de que el Consejo de la Magistratura avanzara con su remoción. En diciembre de 2024, Casación lo condenó como jefe de la asociación ilícita.

Los fundamentos de la sentencia contra los ocho condenados se leerán el 10 de noviembre.