Abogados penalistas cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Reiterancia y la califican de "demagógica"

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes aprobó ayer por unanimidad la Ley de Reiterancia, convirtiéndose en la séptima provincia argentina en implementar esta medida. La ley tiene como objetivo brindar a los fiscales una herramienta adicional para determinar prisiones preventivas en casos de delincuentes reincidentes.

Sin embargo, la aprobación de esta ley ha generado un debate entre los especialistas en derecho penal. El abogado penalista Marcos Molero, en diálogo con Radio Nordeste expresó fuertes críticas hacia la medida, calificándola de "demagogia".

"La reiterancia no es otra situación que el reconocimiento del sistema procesal penal de su propio fracaso, de su total y absoluta ineptitud", afirmó Molero. El letrado argumenta que la existencia de múltiples causas abiertas contra un individuo no necesariamente implica su culpabilidad, sino que puede ser resultado de la lentitud e ineficacia del sistema judicial.

Molero advierte que la nueva ley no tendrá el impacto esperado en la reducción de la delincuencia: "No va a suceder absolutamente nada. Las conductas de los sujetos no se modifican con leyes". El abogado sostiene que se requieren cambios más profundos en el sistema procesal penal y un abordaje sociológico del problema.

La implementación de la Ley de Reiterancia también plantea interrogantes sobre su constitucionalidad. Críticos argumentan que podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, ya que permite dictar prisión preventiva basándose en causas que aún no han llegado a sentencia.

Por otro lado, defensores de la medida sostienen que es necesaria para combatir la sensación de "puerta giratoria" en el sistema judicial y dar una respuesta más contundente a la delincuencia reiterada.

El debate sobre la eficacia y las implicaciones de la Ley de Reiterancia continúa, mientras otras provincias consideran la posibilidad de implementar medidas similares. Expertos como Molero instan a buscar soluciones más integrales: "Busquemos la causa del conflicto. Una vez que sepamos la causa, sepamos cómo atacarla".

La experiencia de Corrientes será observada de cerca por otras jurisdicciones y especialistas en derecho penal, para evaluar el impacto real de esta controvertida medida en los índices de delincuencia y en el funcionamiento del sistema judicial.