La Justicia de Rosario confirmó la aplicación a adolescentes de 14 y 15 años

La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó declarar inconstitucional la ley 27.801 que incorpora al Régimen Penal Juvenil a adolescentes desde los 14 años. La desición se tomó en una causa por robo calificado con arma, en la que están involucrados dos jóvenes de 14 y 15 años.

La defensa había cuestionado la reforma sosteniendo que reduce la protección de los menores, ya que antes la edad mínima de responsabilidad penal era de 16 años. También argumentó que el cambio contradice principios internacionales de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Qué tuvo en cuenta el tribunal

El tribunal consideró que esos planteos no alcanzan para invalidar la norma. Señaló que declarar inconstitucional una ley es una medida excepcional, que requiere demostrar una contradicción clara con la Constitución o con tratados internacionales.

En la resolución, la Cámara indicó que la Convención sobre los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero no fija un número específico. También mencionó que el comité de los Derechos del Niño recomienda un piso de 14 años, pero no avala reducir el límite en países que ya tenían una edad superior.

Los jueces sostuvieron que esa recomendación tiene valor interpretativo, pero no impide de manera absoluta que el congreso establezca los 14 años como la edad mínima.

El fallo también reconoció que los adolescentes necesitan un tratamiento diferenciado, con medidas proporcionales y orientadas a la reinserción social y educativa. Por otra parte, consideró que esa condición no los excluye de la responsabilidad penal.

Un antecedente similar y el rechazo

La cámara citó un fallo de la justicia porteña en septiembre de 2026 que adoptó un criterio similar. Ambos pronunciamientos sostienen que los jueces no deben reemplazar las decisiones del Congreso por sus propias valoraciones políticas, a no ser que exista una incompatibilidad jurídica clara.

De esta forma, el tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad de la ley, y confirmó la resolución apelada.