El adelanto de elecciones frena leyes sobre IA, medios y secreto profesional
El anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre derivó en la disolución de las Cortes. La medida dejó en suspenso reformas de alto impacto vinculadas con la Inteligencia Artificial, la publicidad institucional y el trabajo periodístico.
El anuncio del adelanto de las elecciones generales en España para el próximo 29 de noviembre, realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, derivó en la disolución de las Cortes y dejó en suspenso una serie de reformas normativas de alto impacto. Entre las iniciativas que quedaron sin efecto figuran la regulación de imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) sin autorización, los cambios en la publicidad institucional para medios de comunicación y la ley orgánica orientada a proteger el secreto profesional de los periodistas.
La disolución del Parlamento frenó la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que buscaba regular las creaciones audiovisuales no autorizadas conocidas como deepfakes, así como los contenidos encuadrados bajo la denominación de true crimes. En la misma situación quedó el proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que proponía crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios bajo la órbita de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Allí, los medios de alcance nacional debían inscribir y actualizar los datos sobre su estructura de propiedad y los ingresos por publicidad institucional.
En materia de financiamiento público, también quedó en el aire el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, aprobado por el Gobierno. Su principal novedad era un límite del 35% a la publicidad estatal que podían recibir medios y plataformas en línea, calculado sobre su cifra de negocios neta anual o la del grupo al que pertenecieran. Además, quienes hubieran percibido fondos publicitarios de cualquier organismo de los tres niveles de la Administración y superaran ese margen no podrían optar a recibir nueva pauta estatal.
Por último, tampoco verá la luz la ley orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información, una propuesta cuya presentación había sido celebrada por organizaciones de prensa. El texto blindaba el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes ni aportar datos que pudieran conducir a su identificación, y permitía rechazar la entrega de materiales o dispositivos que comprometieran la confidencialidad. Asimismo, prohibía expresamente la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva sobre los comunicadores, con excepciones únicamente mediante orden de juzgados y tribunales.
