Tenía prohibido ver a su nieta y la habría abusado por segunda vez: piden detener a la madre

La causa por el segundo abuso sexual denunciado contra una niña por parte de su abuelo materno tuvo un giro en las últimas horas: la Fiscalía pidió la detención de la madre de la víctima. La familia paterna cuestiona a la mujer desde que se conoció el nuevo episodio. Hasta el momento no trascendieron los fundamentos del pedido ni se informó oficialmente si la medida ya fue concretada.

El pedido llegó después de varios reclamos de Raúl Fortini, padre de la niña. Fortini venía exigiendo que la conducta de su expareja se incorporara formalmente a la investigación. Según su denuncia, la mujer habría llevado a su hija hasta la vivienda de Ángel Roberto Bassi Spano, su padre, pese a que el hombre tenía una prohibición judicial de acercamiento y contacto con la nena.

El cambio de postura es notorio. El martes, Fortini había contado que el secretario de la Fiscalía de Investigación N°1, a cargo de Ingrid Wenner, le informó que la fiscal consideraba que "no hay elementos como para imputarla". En esa misma oportunidad señaló que había sido designado el fiscal de Cámara Martín Bogado y que pediría su intervención. También dijo que había hablado con el procurador general, Jorge Canteros, para que interviniera en la causa.

"Había una orden, una orden judicial que impedía llevar la criatura y ella se la llevó sin descaro. Fue y la entregó para que este tipo ataque nuevamente a la criatura", afirmó el padre días atrás. Días antes había sostenido que la mujer "es más responsable que este tipo".

La primera condena

El caso se remonta a una denuncia de 2024, cuando la niña tenía tres años. El 7 de julio de 2025, la jueza Cristina Pisarello, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, condenó a Bassi Spano a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual simple agravado por el vínculo.

La sentencia salió de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció el hecho. La Justicia homologó un acuerdo entre la fiscal de Cámara Noelia Encinas, el padre de la niña con su abogado Juan Antonio Arregin, y el imputado. También dio su consentimiento la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes.

El fallo le impuso reglas de conducta por cuatro años. Entre ellas estaban la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la niña, de su grupo familiar y de los lugares que frecuentara, y la de contactarla por cualquier medio, incluidas las redes sociales. También lo obligó a hacer un tratamiento terapéutico. Si no cumplía esas pautas, la condena en suspenso podía revocarse.

El segundo hecho

Pocos meses después, el 21 de octubre de 2025, Fortini presentó una nueva denuncia policial. Según su presentación, el 19 de octubre la niña, que ya tenía cuatro años, estaba de visita con su madre. Ese día la mujer la habría llevado a la casa del abuelo y allí habría ocurrido un nuevo ataque. Los padres están separados.

La nena fue entrevistada en Cámara Gesell. De acuerdo con el padre, su relato permitió identificar tanto a quien la llevó hasta el domicilio como al señalado como autor del abuso. "Las pruebas están, las tiene la Fiscalía", sostuvo.

Fortini cuestionó durante meses la demora en la investigación. El viernes 18 de septiembre, Bassi Spano fue citado a declarar como imputado ante la Fiscalía N°1, mientras el padre reclamaba su detención frente a la sede judicial. Horas después, la Justicia ordenó detenerlo y fue alojado en la Comisaría Tercera. Se lo investiga por abuso sexual con acceso carnal agravado, aunque todavía no se conoció la calificación definitiva. Lo defiende el abogado Pablo Vianello.

El pedido de domiciliaria

Ya detenido, la defensa del abuelo solicitó la prisión domiciliaria. Según el padre, el argumento es un problema de salud en un ojo. "Están evaluando darle la domiciliaria, pero no están evaluando el accionar de la madre", se quejó Fortini, que advirtió que teme por la seguridad de su hija.

La Justicia todavía debe resolver ese planteo. También debe definir la situación procesal de la madre, en una causa que avanza en dos direcciones: el nuevo abuso atribuido al abuelo y el posible incumplimiento de la restricción judicial que debía proteger a la niña.