Empresarios de Corrientes le piden a ARCA una tregua de 90 días para las MiPyMEs
Un documento firmado por AJEC, APICC, ASRC, FEC y FECORR propone suspender por 90 días las nuevas ejecuciones fiscales y ampliar los planes de pago para las empresas que se regularicen.
Entidades representativas del sector empresario de Corrientes presentaron un documento con cinco propuestas de alivio fiscal destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia, en medio de un reclamo por lo que consideran una aplicación desproporcionada de embargos y medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La iniciativa, titulada "Propuesta de medidas de alivio fiscal y continuidad operativa para las MiPyMEs", lleva la firma de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes (AJEC), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), con la colaboración técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes (CPCE).
En el texto, las entidades reconocen la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, pero advierten sobre un cuello de botella financiero que condiciona la supervivencia de empresas económicamente viables. Según el diagnóstico compartido, las PyMEs enfrentan un elevado costo del financiamiento bancario y dependen en forma cotidiana de sus propios flujos de caja, del uso de descubiertos autorizados y del descuento de cheques diferidos para sostener su operatoria diaria.
En ese escenario, sostienen que la traba inmediata de embargos y medidas cautelares por deudas impositivas genera un efecto disruptivo sobre la actividad: inmoviliza activos esenciales en las cuentas operativas, interrumpe el pago de salarios, aportes y proveedores, y provoca el rechazo en masa de cheques diferidos por falta de fondos. El documento describe este proceso como un círculo vicioso que, al comprometer la operatividad básica de la empresa, termina anulando la propia fuente de recursos con la que se pretende saldar la deuda fiscal.
Frente a ese cuadro, las entidades proponen cinco medidas urgentes para compatibilizar la recaudación con la continuidad del aparato productivo:
La primera es una suspensión transitoria por 90 días de nuevas ejecuciones fiscales y medidas cautelares para las MiPyMEs que expresen formalmente su voluntad de regularizarse. La segunda plantea una instancia previa de notificación y regularización antes de proceder a cualquier embargo bancario.
La tercera propuesta apunta a ampliar los planes de pago, con un mínimo de 48 cuotas para micro y pequeñas empresas y de 36 cuotas para medianas, con tasas acordes a la capacidad de generación de flujos del sector, sin que la adhesión dependa del Scoring del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) y contemplando el cumplimiento de la calificación PyME aun sin certificado vigente, siempre que se obtenga dentro de un plazo razonable.
La cuarta medida busca mecanismos automáticos o simplificados para el levantamiento o la sustitución de embargos en el momento en que el contribuyente se adhiera a un plan de pagos. La quinta y última propone la creación de una mesa técnica permanente de diálogo, integrada por representantes de ARCA, las entidades empresarias de Corrientes y el CPCE en carácter de colaborador técnico, para unificar criterios y evaluar casos de vulnerabilidad operativa extrema.
El petitorio fue difundido públicamente por el senador provincial correntino Martín Barrionuevo (Partido Justicialista), contador público, quien señaló que en los últimos meses percibe un cambio de actitud del organismo recaudador, con "una voracidad recaudatoria creciente y medidas que resultan desproporcionadas" para la realidad de las PyMEs. Según indicó, hay empresas correntinas que recibieron ocho o diez embargos consecutivos sobre sus cuentas, lo que reiteradamente inmoviliza los fondos que necesitan para sostener su actividad.
Barrionuevo enmarcó el planteo en un contexto de caída de la recaudación nacional y de una economía que, sostuvo, golpea especialmente a las empresas del interior del país. "La necesidad de recaudar no puede transformarse en una dinámica que termine paralizando a quienes producen, comercian y generan empleo en Corrientes", afirmó, y remarcó que la traba de una cuenta no afecta solo al empresario, sino que interrumpe el pago a proveedores, dificulta la compra de insumos y puede llegar a comprometer los salarios.
El reclamo correntino se suma a gestiones similares planteadas en otras provincias durante los últimos meses, en las que distintas entidades empresarias pidieron a ARCA suspender embargos y ampliar los planes de financiamiento para las MiPyMEs.
Las entidades firmantes cerraron el documento con una definición sobre el objetivo de la propuesta: resguardar el ciclo operativo de las empresas y el empleo genuino en la provincia, al considerar que la salud financiera y la continuidad de las MiPyMEs es el camino para robustecer la actividad económica local y, en consecuencia, asegurar la capacidad de recaudación tributaria en el mediano y largo plazo.
