Otra vez la justicia frena una ley del Congreso: una jueza suspendió la baja de imputabilidad a 14 años
Apenas 48 horas después de que comenzara a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso Nacional, la Justicia bonaerense volvió a meterse en una decisión adoptada por el Poder Legislativo: una jueza de Lomas de Zamora suspendió durante 60 días la aplicación de la ley en toda la provincia de Buenos Aires.
La medida fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, quien hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Pascual tiene una extensa trayectoria vinculada al peronismo bonaerense: trabajó durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, estuvo ligada al área social conducida por Hilda "Chiche" Duhalde y llegó a ser ministra de Desarrollo Humano provincial. Sin embargo, caracterizarla simplemente como "jueza peronista" sería una definición política: su trayectoria muestra fuertes vínculos históricos con el duhaldismo, aunque distintas fuentes judiciales sostienen que mantiene relaciones institucionales con diversos sectores políticos.
El punto más controvertido es que la magistrada no declaró inconstitucional la ley ni cuestionó directamente que el Congreso haya fijado la imputabilidad desde los 14 años. Su argumento fue otro: considera que la Provincia no posee actualmente infraestructura, personal ni condiciones suficientes para recibir a una mayor cantidad de adolescentes detenidos.
Pascual sostuvo que antes de ampliar el universo de menores sometidos al sistema penal deben existir condiciones materiales, institucionales y profesionales que garanticen sus derechos. Señaló problemas en centros juveniles bonaerenses vinculados al hacinamiento, educación, capacitación laboral, tratamientos y períodos de aislamiento. Incluso afirmó que "hacinarlos" terminaría aumentando la inseguridad y la violencia.
La propia jueza se definió como "garantista", dijo que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados y consideró que la nueva legislación no garantizará por sí sola mayor seguridad. Pero hizo una aclaración llamativa: aseguró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Ahí aparece el debate institucional de fondo. Más allá de estar de acuerdo o no con la nueva legislación, una jueza provincial terminó paralizando en el principal distrito del país una norma discutida, votada y sancionada por el Congreso Nacional, no porque hubiera declarado inválida la decisión legislativa, sino porque considera insuficientes las condiciones existentes para aplicarla.
El Gobierno reaccionó con extrema dureza. Diego Santilli acusó a Axel Kicillof de estar "del lado del delincuente, nunca de la víctima" y cuestionó su silencio ante la suspensión. Patricia Bullrich apuntó directamente contra la Justicia bonaerense, a la que calificó de "garantista", y sostuvo que en la Provincia "el delincuente tiene vía libre".
La discusión supera entonces la edad de imputabilidad. Vuelve a quedar planteada una cuestión institucional cada vez más sensible en la Argentina: hasta dónde puede llegar un juez al revisar, condicionar o directamente frenar la aplicación de una política pública que atravesó todo el procedimiento democrático del Poder Legislativo.
El Chaco ya vivió una discusión similar
El antecedente tiene además un espejo cercano. En el Chaco, la actividad forestal también estuvo durante meses condicionada por decisiones judiciales pese a la aprobación legislativa del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. El fiscal federal Patricio Sabadini pidió frenar los desmontes y la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó suspenderlos, incluso respecto de permisos ya concedidos, argumentando la necesidad de evitar un eventual daño ambiental irreversible.
El ministro de la Producción, Oscar Dudik, llegó a advertir que las cautelares paralizaban la actividad forestal, ponían en riesgo puestos de trabajo y generaban incertidumbre jurídica. Finalmente, en febrero de 2026, el Superior Tribunal de Justicia chaqueño ratificó la constitucionalidad y vigencia de la ley.
Son casos distintos y con fundamentos jurídicos diferentes, pero vuelven a abrir la misma discusión institucional: hasta dónde puede llegar el Poder Judicial cuando una decisión cautelar termina frenando, durante meses, los efectos concretos de una política aprobada por el Poder Legislativo.
