Sin una gota de sangre en 150 metros: la duda que la querella exhibe como prueba en el crimen de Cecilia Lazcano

La causa por el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en julio pasado en esta localidad correntina, sumó nuevos capítulos de tensión judicial luego de que el Tribunal de Revisión en lo Criminal de Corrientes anulara, el miércoles, la resolución que había evitado la detención de la joven acusada como coautora del hecho. El abogado Juan Saucedo, representante de la familia de la víctima, cuestionó con dureza la actuación de la fiscalía y advirtió que todavía quedan puntos centrales sin esclarecer.

La resolución anulada había sido dictada el 28 de agosto por la jueza de Garantías subrogante Claudia Luco Montero, quien había resuelto que la adolescente identificada con las iniciales N.Y.L., de 17 años, continuara en libertad bajo el cuidado de su madre en Santo Tomé, con la obligación de inscribirse en una nueva escuela, iniciar tratamiento psicológico y no ingresar a Alvear. Para el Tribunal de Revisión, la magistrada no fundamentó por qué había descartado los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación planteados por la querella, motivo por el cual dejó sin efecto la medida y motivó la convocatoria a una nueva audiencia de coerción.

Saucedo celebró que la resolución haya sido anulada directamente por el Tribunal de Revisión, sin necesidad de sustanciar la impugnación, y calificó el fallo como una buena noticia. El querellante adelantó que insistirá con el pedido de prisión preventiva para N.Y.L., por considerar que es la vía que mejor garantiza el avance de la causa.

Para la querella, la situación procesal de la joven debe equipararse a la del principal sospechoso, el adolescente detenido e identificado como J.G. En ese sentido, ya solicitaron ampliar la imputación de N.Y.L. bajo la calificación provisoria de coautora de homicidio agravado por ensañamiento y el concurso de dos o más personas. Saucedo remarcó que el tratamiento judicial hacia ambos imputados debería ser exactamente igual.

El abogado también encendió las alarmas sobre el manejo de la evidencia digital: confirmó que uno de los teléfonos analizados sufrió la eliminación deliberada de información. Consideró que, si la menor imputada no tenía nada que ver con el hecho, no había motivo para borrar esos datos, y sostuvo que el borrado fue obra de alguien con conocimientos técnicos sobre el tema.

Otro de los ejes de sus declaraciones giró en torno a la reconstrucción de los hechos. Según su hipótesis, antes de las 5 de la madrugada se habrían enviado mensajes desde el teléfono de Cecilia para simular un suicidio, pese a que la joven recién pidió ayuda en la casa de una vecina alrededor de las 6.10. El punto más frágil de la versión oficial, remarcó, es la ausencia total de rastros de sangre en los aproximadamente 150 metros que Cecilia habría caminado hasta esa vivienda, pese a las heridas que presentaba en los dedos, la muñeca y el cuello.

Bajo ese escenario, la querella sostiene que Cecilia no habría llegado por sus propios medios, sino que alguien la habría ayudado, cargado o trasladado en un vehículo hasta dejarla frente a la casa donde pidió auxilio. Saucedo aclaró que quien haya colaborado en ese traslado no necesariamente formó parte activa del ataque.

El abogado apuntó además contra el fiscal Facundo Cabral, a quien acusó de buscar cerrar el expediente de manera apresurada. Cuestionó en particular que la fiscalía haya descartado, sin diligencias válidas, a una tercera persona mencionada en los chats analizados, a la que calificó de simple invención. Consideró que el fiscal viene buscando el cierre de la causa desde su inicio y reclamó que se explique qué lo motiva a insistir con esa postura.

Saucedo también cuestionó que, ante el pedido de secuestrar los teléfonos de los padres de N.Y.L., la fiscalía haya optado por solicitar la entrega voluntaria en lugar de librar una orden de allanamiento, y se preguntó a quién beneficia esa decisión.

Por último, el querellante indicó que la familia solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación la implementación de una recompensa para datos anónimos sobre el caso, aunque señaló que hasta el momento desconocen si el trámite prosperó.