El cazador cazado: usó una causa narco para espiar a su esposa y ahora va preso
Pablo Carlos Molina había sido condenado en 2025 por incorporar dos teléfonos a una causa narco para intervenir las comunicaciones de su pareja y de otro hombre con quien sospechaba una relación. La sentencia quedó firme tras el rechazo de Casación y de la Corte Suprema.

Pablo Carlos Molina conocía desde adentro el mundo de las escuchas, los expedientes y las investigaciones federales. Pero terminó usando ese poder para algo tan privado como insólito: espiar por celos a su propia esposa y a un exnovio de ella, camuflando sus teléfonos dentro de una causa narco. Años después, la maniobra salió a la luz, la Corte dejó firme su condena y ahora ordenaron detenerlo.
El exsecretario judicial chaqueño que investigaba a otros terminó siendo investigado, condenado y cazado por su propia trama. Pablo Carlos Molina fue secretario del Juzgado Federal N°1 de Corrientes y durante años trabajó con causas sensibles, escuchas e investigaciones vinculadas al narcotráfico. Pero terminó protagonizando una historia digna de una novela judicial: utilizó una causa narco para intervenir los teléfonos de su propia esposa y de un exnovio de la mujer porque sospechaba que le era infiel.



Ahora, la Justicia ordenó su detención inmediata para que comience a cumplir una condena de cuatro años de prisión.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes después de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por la defensa y dejara firme la sentencia por abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Gendarmería Nacional deberá localizar a Molina en su último domicilio registrado en Chaco y trasladarlo posteriormente a una cárcel federal.
La historia comenzó a descubrirse casi por casualidad en marzo de 2019.
Durante una revisión de elementos que habían quedado en el juzgado aparecieron 28 discos con grabaciones telefónicas guardados en el despacho que había ocupado Molina. Estaban identificados como parte de una causa por narcotráfico iniciada en 2013.
Pero cuando se revisó el contenido surgió la sorpresa: los teléfonos intervenidos no pertenecían a sospechosos narco.
Eran los de Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y exnovio de su adolescencia.
La investigación determinó que Molina sospechaba de una posible infidelidad.
Entre septiembre y octubre de 2014 confeccionó un oficio utilizando sellos, formato y estructura oficial del juzgado e incorporó ambos números como si fueran objetivos reales de una investigación por tráfico de drogas.
Los verdaderos sospechosos de aquella causa operaban en Buenos Aires y Mendoza. Los teléfonos agregados por Molina pertenecían al Chaco y no tenían ninguna relación con el expediente.
El entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila firmó la orden. Más tarde declaró que lo hizo confiando en su secretario y sin advertir lo que estaba ocurriendo.

Durante el juicio, efectivos de Gendarmería aportaron otro dato llamativo: Molina habría pedido expresamente que los discos fueran enviados cerrados al juzgado y que los agentes no escucharan ni transcribieran las conversaciones.
Pero la historia tiene además un contexto todavía más pesado.
Molina fue secretario de Soto Dávila y también quedó involucrado en la causa que investigó una estructura dentro del Juzgado Federal N°1 de Corrientes destinada a beneficiar a narcotraficantes mediante decisiones judiciales favorables.

La Justicia terminó condenando a Soto Dávila y a otros funcionarios de aquella estructura, entre ellos Molina, en una de las investigaciones por corrupción judicial más resonantes de Corrientes.
En paralelo avanzó la causa por las escuchas a su esposa.
El 29 de julio de 2025, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo.
Casación confirmó la sentencia y ahora la Corte Suprema cerró definitivamente la vía recursiva.
La paradoja parece salida de una ficción: un funcionario acostumbrado a investigar, intervenir teléfonos y manejar expedientes federales terminó condenado por utilizar esas mismas herramientas para resolver una sospecha sentimental.
El investigador terminó investigado. Y el cazador, finalmente, fue cazado.













