Juicio abreviado por el yaguareté cazado: acordaron tres años de prisión
El acusado reconoció su responsabilidad en el hecho ocurrido en Clorinda y aceptó la pena máxima prevista por la Ley Nacional de Fauna, por lo que el tribunal resolverá el dictado formal del veredicto el próximo 7 de septiembre.
La Justicia Federal de Formosa concretó una audiencia de visu en la que se presentó formalmente un acuerdo de juicio abreviado para el hombre acusado de matar a un yaguareté en la localidad de Clorinda. Durante la jornada judicial, las partes querellantes, la fiscalía, el imputado y la defensa expusieron la resolución consensuada, la cual pasó inmediatamente a instancia de estudio por parte del tribunal. En este marco, el acusado aceptó expresamente su culpabilidad en el hecho, motivo por el cual la resolución formal del caso y el dictado de la sentencia definitiva quedaron fijados para el próximo 7 de septiembre.
De ratificarse la propuesta presentada ante el juzgado, el imputado recibirá una pena de tres años de prisión, lo que representa el castigo máximo establecido por la Ley Nacional de Fauna para este tipo de delitos. La eventual condena se convertirá en la segunda de esta magnitud en la historia de la jurisprudencia argentina por la matanza de un ejemplar de esta especie. El trámite procesal contempla además la imposición de una multa económica para resarcir el daño ambiental provocado, cuyo monto final será especificado por los magistrados al momento de resolver la causa.
El expediente penal tuvo su origen en diciembre de 2022, momento en que comenzaron a difundirse diversas imágenes y videos en redes sociales que registraban la caza furtiva del animal. Ante esta situación, un equipo especializado perteneciente a la organización Red Yaguareté inició las averiguaciones correspondientes e impulsó la denuncia formal ante la jurisdicción federal. Con el avance de las actuaciones se sumaron activamente en calidad de querellantes la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa para respaldar la acusación colectiva.
A lo largo de la etapa de instrucción, las fuerzas de seguridad ejecutaron múltiples allanamientos donde lograron el secuestro de armas de fuego de distinto calibre, municiones, registros fotográficos de cacerías previas y un cuero de puma. Aunque en las primeras instancias del proceso el investigado había desconocido su autoría argumentando que los perfiles digitales no eran de su propiedad, el acuerdo alcanzado en la audiencia previa al fallo consolida la admisión de los hechos. El fallo del 7 de septiembre sentará un precedente judicial determinante para la preservación de la fauna nativa amenazada en el territorio nacional.
