Condenaron a una docente por exigir dinero a alumnas a cambio de aprobar materias

La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y condenó a una docente a tres años de prisión en suspenso por exigir dinero a dos alumnas a cambio de aprobarles materias. La magistrada también dispuso tres años de inhabilitación para ejercer el cargo que detenta y una multa de $360.000, equivalente al doble de lo exigido.

La sentencia, identificada como Resolución Nº 85/26, quedó fundamentada el 7 de agosto, tras una audiencia realizada dos días antes en la Oficina Judicial de Mercedes. Participaron la jueza, el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia y la imputada, asistida por el defensor oficial Edgardo Gustavo Grinberg. La Justicia la responsabilizó por los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal, en un hecho reiterado en concurso real.

El primero de los episodios se produjo entre junio y julio de 2025, cuando la mujer se desempeñaba como profesora interina del turno noche en la Escuela Nº 563 "Domingo Faustino Sarmiento" de Colonia Carlos Pellegrini. Según acreditó la sentencia, le ofreció a una alumna aprobarle las materias sin necesidad de asistir a clases a cambio de $100.000. La estudiante entregó $30.000 y después recibió reclamos para completar el pago; el 28 de julio, la docente le envió un mensaje por WhatsApp intimándola a saldar el total del "producto", bajo advertencia de no aprobarle el módulo.

El segundo hecho involucró a otra estudiante, a quien la docente le habría pedido $150.000 bajo el mismo esquema. En ese caso, la transferencia se concretó a través de Mercado Pago el 25 de abril de 2025. Entre las pruebas reunidas figuraron denuncias, audios, capturas de conversaciones y comprobantes de transferencias, además de un informe social y el expediente que ya tramitaba el Ministerio de Educación.

Al fundamentar el fallo, Benasayag remarcó que la condena no podía apoyarse solo en el reconocimiento de los hechos por parte de la acusada, sino que necesitaba respaldo probatorio independiente. Tras el análisis del legajo, sostuvo que "las probanzas incorporadas a la investigación me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada", y avaló la calificación legal propuesta por la Fiscalía y aceptada por la defensa.

Durante los próximos tres años, la condenada deberá cumplir una serie de reglas de conducta: fijar residencia y número de contacto, mantener una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las víctimas, no cometer nuevos delitos, no ejercer como docente en Colonia Carlos Pellegrini y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial.

Las partes acordaron además una reparación económica de $480.000, dividida en partes iguales entre las dos víctimas y pagadera en doce cuotas mensuales. La jueza calificó el monto como "prudencial y adecuado", al considerar que no solo compensaba el perjuicio económico sino también las consecuencias que los hechos generaron por fuera de lo patrimonial. Una vez firme la resolución, deberá formarse el legajo de ejecución y notificarse a la Policía de Corrientes y al Registro Nacional de Reincidencia.