Más de diez países cuestionaron los aranceles de Trump y ya negocian para revertirlos
Los gobiernos de Brasil, Chile, Japón, Corea del Sur, Australia y otros países cuestionaron la nueva ronda de aranceles de entre el 10% y el 12,5% que impuso Estados Unidos a 60 economías por supuestas fallas en el combate al trabajo forzoso, y adelantaron gestiones diplomáticas o negociaciones para revertir la medida.

El gobierno de Estados Unidos aplicó desde la medianoche de este viernes una nueva ronda de aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones provenientes de 60 países y economías, entre ellos Brasil, Chile, Japón, Corea del Sur y Australia, por supuestas fallas en el combate al trabajo forzoso, y la decisión generó un rechazo generalizado que anticipa negociaciones y gestiones diplomáticas en las próximas semanas.
La medida, anunciada el jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que encabeza Jamieson Greer, sustituyó al arancel global transitorio del 10% que Washington había fijado en febrero, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que declaró inconstitucionales los aranceles indiscriminados dispuestos el año pasado, al considerar que solo el Congreso tiene esa facultad. Para sortear ese límite, la administración de Donald Trump recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita represalias comerciales ante prácticas consideradas injustas o discriminatorias. Según el criterio de la USTR, los países que ya prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso -o se comprometieron a hacerlo- pagarán el 10%, entre ellos Canadá, la Unión Europea, India, el Reino Unido y la Argentina. El resto, con China y Japón a la cabeza, quedó alcanzado por el 12,5%. Los aranceles ya vigentes sobre acero y aluminio no se modificaron.


Brasil fue uno de los primeros gobiernos en salir al cruce. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo, en un comunicado, que Estados Unidos "optó por manipular" la agenda del trabajo forzoso ante la falta de un fundamento legal propio para sostener su política proteccionista. Se trata del segundo golpe arancelario contra el país en menos de una semana: el miércoles había entrado en vigor un gravamen del 25% por supuestas prácticas desleales, y según un cálculo de la Cámara Americana de Comercio para Brasil, la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas ya llega al 37,5%. En la misma línea, el gobierno de Chile anticipó que buscará quedar excluido de la lista: la Cancillería sostuvo que la sanción "no se condice" con los antecedentes técnicos y jurídicos presentados durante la investigación, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que la medida "afecta la competitividad" de las exportaciones y genera "incertidumbre para miles de productores y trabajadores".
Desde Japón, el portavoz del gobierno, Minoru Kihara, calificó la decisión de "lamentable" y remarcó que la industria nipona cumple con las normas internacionales, en referencia al acuerdo bilateral de 2025 que fijó un arancel del 15% a cambio de inversiones japonesas por 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Corea del Sur, a través de su oficina presidencial, pidió mantener "estrechas consultas" con Washington para preservar el arancel del 15% ya pactado, mientras que el ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, calificó los nuevos gravámenes de "injustificados" e "incompatibles" con el acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países.
Otros gobiernos tuvieron respuestas dispares. México evitó el impacto de la medida gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que mantiene con arancel cero a cerca del 85% de las exportaciones mexicanas. Nueva Zelanda, por voz de su primer ministro, Christopher Luxon, cuestionó la falta de pruebas sobre trabajo forzoso y sostuvo en la red social X que "los aranceles no son el camino" porque "aumentan los costos y la incertidumbre para las empresas". En Filipinas, el titular de la Cámara de Comercio e Industria, George Barcelon, calificó de "muy poco claros" los argumentos sobre trabajo infantil, mientras la secretaria de Comercio, Christina Roque, defendió la política nacional contra el trabajo forzoso. Canadá, en tanto, confirmó que aceleró las negociaciones con Washington para evitar que el 19 de agosto entre en vigor un arancel adicional del 50% sobre sus productos, y Panamá celebró haber quedado fuera de la lista: su ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la exclusión "reafirma" la relación de confianza con Estados Unidos.
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