A 34 años del crimen de la avenida Paraguay, nombraron una plazoleta en homenaje a las víctimas

Con la colocación de un cartel identificatorio en la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas Paraguay y Vélez Sarsfield, el Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Resistencia oficializaron ayer el nombre "Amanda Encaje y Néstor Vivo" para ese espacio público, en homenaje a las víctimas de uno de los crímenes más resonantes y hasta hoy impunes de la historia policial chaqueña. El hecho ocurrió el 8 de abril de 1992 y, pese a más de tres décadas de investigación judicial, nunca hubo una sola persona condenada.

Del acto participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Maldonado; Andrea Martínez, hija del matrimonio asesinado; y el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas. Maldonado remarcó que la identificación del espacio "es un paso más" en el cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa alcanzado entre la familia, el Estado provincial, el Estado nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la ceremonia también se anunció que el Gobierno provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un Observatorio de Víctimas.

El crimen que conmocionó al Chaco

Amanda Graciela Encaje, de 45 años, y Néstor Blas Vivo, de 35, trabajaban juntos en la empresa constructora Supercemento S.A.: ella como secretaria administrativa y él como director de la firma. La mañana del 8 de abril de 1992 se encontraron en una vivienda de avenida Paraguay al 787, en Resistencia, donde la compañía proyectaba instalar nuevas oficinas y que en ese momento se encontraba en refacción. Debían supervisar el avance de la obra.

Horas después, cuando los operarios regresaron de la pausa del mediodía, hallaron a ambos sin vida, maniatados y con signos de haber sido golpeados salvajemente. Según trascendió de la investigación de la época, Vivo presentaba una fuerte contusión en la región temporal, mientras que Encaje tenía múltiples heridas en el rostro y una fractura de cráneo. Una de las autopsias practicadas a la mujer estableció además que había sido víctima de una agresión sexual.

Junto a los cuerpos se encontró dinero, un dato que en su momento llevó a descartar la hipótesis del robo como móvil del ataque. Entre las familias y en la opinión pública circuló durante años la sospecha de un "crimen mafioso" vinculado a presuntas coimas no pagadas en la adjudicación de obra pública a la empresa para la que trabajaban las víctimas, una hipótesis que la Justicia provincial nunca logró comprobar.

Una causa marcada por errores e irregularidades

Desde el inicio, la investigación policial y judicial estuvo señalada por errores, demoras y lo que las familias calificaron como una falta de voluntad política para esclarecer el hecho. Sin que se lograra reunir pruebas concluyentes contra ninguno de los investigados, la causa fue declarada prescripta a los quince años de haberse abierto. Recién el 11 de marzo de 2014, la Justicia resolvió formalmente la situación procesal de quienes en algún momento habían sido indagados: dispuso el sobreseimiento total y definitivo de dos de ellos por haber fallecido, y la extinción de la acción penal de los seis restantes por prescripción. Ninguno llegó a juicio.

Ante ese callejón sin salida judicial, la hermana de Amanda Encaje, Silvia, y su hija, Andrea Martínez, presentaron en 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el Estado argentino había vulnerado su derecho de acceso a la justicia. Diez años después, el 4 de mayo de 2018, la CIDH declaró admisible el reclamo mediante el Informe de Admisibilidad N° 33/18, tras concluir que el Estado no había agotado las acciones necesarias para esclarecer el doble homicidio y que hubo irregularidades y desidia en la labor policial y judicial.

Ese dictamen abrió paso a una instancia de solución amistosa: el 7 de abril de 2021 se firmó un acta de compromiso entre los familiares y el Estado provincial, ratificada el 3 de mayo de ese año mediante el Decreto N° 940. En ese marco, el Chaco reconoció formalmente la denegación de justicia sufrida por la familia y se comprometió a un conjunto de medidas de reparación, entre ellas la sanción de la Ley 3413-J de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas y la implementación de protocolos para la preservación de la escena del crimen y la cadena de custodia de pruebas.

Del memorial a la identificación oficial

En abril de 2022, al cumplirse 30 años del crimen, ya se había inaugurado un memorial con una escultura en homenaje a Encaje y Vivo en el mismo predio de avenidas Paraguay y Vélez Sarsfield. El acto realizado ayer avanzó un paso más al formalizar la identificación del espacio público con el nombre de ambas víctimas, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo con la CIDH.

Martínez agradeció el acompañamiento institucional recibido en los últimos años y recordó el punto de partida de ese reclamo. "Hace 34 años nos encontrábamos en una situación de mucho desamparo", señaló, y agregó que, aunque no se puede cambiar el pasado, sí es posible "transformar el dolor en acciones que eviten la impunidad y fortalezcan las instituciones para que estos hechos no vuelvan a repetirse".

Por su parte, Aradas sostuvo que la señalización del espacio constituye un reconocimiento a la lucha sostenida por la familia durante más de tres décadas y expresó el deseo de que el homenaje "contribuya a que nunca más prevalezca la indiferencia frente a casos similares".

El crimen de la avenida Paraguay sigue, treinta y cuatro años después, sin responsables identificados ni condenados.