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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
JUDICIALES

Adorni deberá explicar el origen de USD 743.000 tras detectar inconsistencias en su patrimonio

Un informe técnico incorporado a la causa detectó diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos patrimoniales atribuidos al exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, incorporó un informe contable que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos, bienes y movimientos financieros atribuidos al matrimonio. El análisis fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones y abarca el período comprendido desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, Adorni habría movilizado alrededor de USD 743.000 desde su ingreso a la función pública. De ese total, unos USD 408.000 corresponderían a gastos y USD 335.000 a deudas contraídas con cinco personas. A esto se suman consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $85 millones durante 2025, además de operaciones inmobiliarias, viajes y movimientos efectuados mediante billeteras virtuales y criptomonedas.

Uno de los puntos analizados es la explicación brindada por el propio exfuncionario, quien sostuvo que parte de los fondos provendría de una inversión de USD 200.000 en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, con la que habría obtenido una importante ganancia. Para comprobar esa versión, la Justicia solicitó información a distintas plataformas de criptomonedas. La causa también incorporó el testimonio de un contratista que aseguró haber recibido USD 245.000 en efectivo por la remodelación de una propiedad, junto con documentación sobre compras y gastos personales.

El fiscal federal Gerardo Pollicita revisará las denominadas zonas grises señaladas por los peritos y podría solicitarle a Adorni una justificación formal sobre el origen de los fondos. Este procedimiento constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria y no implica, por el momento, una definición sobre su responsabilidad penal. La decisión se conocería una vez finalizada la feria judicial y reanudada la actividad en los primeros días de agosto.

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