Presentaron nueva ordenanza para impulsar más barrios cerrados en Resistencia
Este proyecto impulsado por Alejandro Aradas, presidente del Concejo y Javier Dumrauf, concejal de Resistencia puso en marcha una iniciativa "clave" para regular la creación y operación de barrios cerrados dentro del municipio, "abordando una necesidad creciente en la planificación urbana de la ciudad". Esta propuesta, que toma como base las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, busca establecer un marco normativo claro y preciso para este tipo de desarrollos inmobiliarios, que fueron ganando popularidad en la región.
El proyecto de ordenanza se fundamenta en la Ley Nacional N° 26.994, que introduce la figura del "Conjunto Inmobiliario" en el Código Civil y Comercial, aplicable a barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales, entre otros. Esta figura legal brinda una estructura adecuada para la regulación de estos emprendimientos, que hasta ahora no contaban con un marco específico dentro de la normativa local.
El proyecto establece una serie de criterios que deben cumplir los desarrolladores para la implantación de barrios cerrados en Resistencia. Entre estos requisitos, se incluyen la localización adecuada, la habitabilidad, la integración con la trama urbana existente y la responsabilidad sobre la infraestructura y el mantenimiento de servicios por parte de los propietarios. Además, los proyectos deben ser compatibles con el uso del suelo y no interferir con el crecimiento urbano ni causar perjuicio a terceros.
La propuesta debe cumplir con la Carta Orgánica Municipal, el Código Ambiental y el Código de Planeamiento Urbano para su aprobación. "La modificación al Código de Planeamiento Urbano tiene un procedimiento que demanda la realización de audiencias públicas y requiere dos tercios para la convocatoria a la misma como para su aprobación en el recinto", explicó Dumrauf. Este proceso, aunque complejo, es esencial para asegurar que Resistencia continúe creciendo de manera organizada, atendiendo tanto a sectores con mayor poder adquisitivo como a aquellos con menos recursos.
Un aspecto crucial de la ordenanza es la responsabilidad sobre los servicios municipales dentro de los barrios cerrados. Según la normativa propuesta, los propietarios, organizados en una sociedad civil o persona jurídica, serán responsables del mantenimiento de las infraestructuras y de la provisión de servicios esenciales como agua, cloacas, electricidad y eliminación de residuos. De esta manera, se busca evitar que estos desarrollos se conviertan en una carga para el municipio.
