Abogada querellante denunció demoras en la causa: "Hace un año se incautaron teléfonos y computadoras"

El caso de María Luz Herrera, la joven jujeña desaparecida hace más de un año en la provincia de Chaco, sigue sumido en la incertidumbre y la falta de avances en la investigación. Carolina Aquino, abogada querellante que representa a la familia de la víctima, ha solicitado recientemente la revocación de la prisión domiciliaria otorgada a Darío Godoy Ojeda, exsuegro de María Luz, quien se encuentra bajo esta medida tras haber incumplido previamente las condiciones impuestas por la justicia.

Aquino informó que se ha ordenado una nueva junta médica para evaluar si Godoy Ojeda puede continuar recibiendo su tratamiento médico en un contexto de reclusión. "El informe de los peritos oficiales aún no ha sido agregado a la causa, pero ya hemos incorporado el informe del perito de parte, quien concluyó que el tratamiento necesario para controlar su hipertensión puede realizarse perfectamente en un contexto de encierro," explicó la abogada.

La querella ha enfatizado la necesidad de revocar la prisión domiciliaria debido a que el imputado ha sido encontrado fuera de su domicilio, violando así una de las condiciones fundamentales de este beneficio. "Estamos ante una investigación donde hay pruebas pendientes, no se ha encontrado el cuerpo de María Luz, y esta persona, que ya ha demostrado no apegarse a la ley, podría entorpecer la investigación," afirmó Aquino.

La abogada también denunció las demoras en la realización de pericias informáticas sobre los dispositivos secuestrados a los imputados. "Hace un año se incautaron teléfonos y computadoras, pero hasta hoy no hemos obtenido las pericias informáticas necesarias," señaló Aquino, quien atribuyó esta situación a la falta de equipamiento adecuado en la provincia. "Es muy difícil realizar investigaciones si ni la policía ni el Poder Judicial cuentan con licencias válidas para el software necesario," agregó.

Este caso, al igual que otros resonantes en la provincia, sigue esperando justicia mientras se enfrentan a una justicia provincial que carece de los recursos técnicos mínimos para avanzar en las investigaciones. La espera de más de un año para obtener un informe pericial refleja las carencias estructurales que afectan a todo el sistema judicial, poniendo en riesgo no solo la resolución del caso de María Luz, sino también la de muchas otras causas que requieren de pericias especializadas.

"Es una situación insostenible," concluyó Aquino, "y no solo para este caso. Las demoras y la falta de recursos técnicos retrasan la justicia en todo el sistema."