¿Cuántos años de prisión podría recibir Adorni si fuera declarado culpable de enriquecimiento ilícito?
En medio de la tensión política por su situación judicial, crecen las consultas sobre la escala penal prevista para el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal argentino.
En medio de la tensión política que rodea a Manuel Adorni, crecen las consultas sobre qué pena podría enfrentar el funcionario si la Justicia avanzara en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y, eventualmente, fuera declarado culpable. Por el momento, no existe una condena ni una definición judicial firme, por lo que el caso debe ser tratado bajo el principio de presunción de inocencia.
El escenario también se da en un contexto de fuertes versiones dentro del oficialismo. En los últimos días circularon rumores sobre una posible salida de Adorni del Gobierno nacional y sobre nombres que podrían ocupar un eventual lugar en la estructura de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, hasta ahora no hubo una comunicación oficial de la Casa Rosada que confirme un reemplazo ni una modificación concreta en el cargo.
La pregunta central pasa por la escala penal prevista para el delito de enriquecimiento ilícito. Según el artículo 268 inciso 2 del Código Penal argentino, el funcionario público que, al ser debidamente requerido, no pudiera justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable, propio o de una persona interpuesta para disimularlo, puede recibir una pena de dos a seis años de prisión.
La norma también contempla sanciones accesorias de fuerte impacto institucional. Además de la pena de prisión, el Código Penal prevé una multa que puede equivaler al 50% y hasta el 100% del valor del enriquecimiento considerado ilícito, junto con la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. En caso de una condena firme, esta última consecuencia implicaría la imposibilidad de volver a ocupar funciones dentro del Estado.
Otro punto señalado en torno al caso es la figura de la omisión maliciosa, prevista en el artículo 268 inciso 3 del mismo cuerpo legal. Ese delito alcanza a quienes, estando obligados por ley, omiten de manera intencional datos patrimoniales exigidos en sus declaraciones juradas. La escala penal en ese supuesto es menor: de quince días a dos años de prisión, además de una inhabilitación especial de uno a cuatro años.
De todos modos, cualquier eventual responsabilidad penal dependerá del avance de la investigación, de las pruebas que se incorporen al expediente y de la valoración que realice la Justicia. Mientras tanto, el caso mantiene alto impacto político, en un momento en el que el Gobierno busca ordenar su agenda interna y contener las repercusiones públicas alrededor de uno de sus funcionarios más visibles.
