Caso Axel: "Son las personas que estarían más implicadas con relación a la desaparición"

La investigación por la desaparición de Axel González, el joven que fue visto por última vez entre la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo de 2026, sumó un capítulo determinante en las últimas horas. La querella que representa a la familia de la víctima presentó un pedido formal ante el Equipo Fiscal Especial para lograr la imputación y la inmediata detención de tres efectivos de la Policía del Chaco que prestaban servicios en la Comisaría Segunda de Fontana. Se trata de los agentes que integraban el móvil N-156, señalado por diversos testigos como el último lugar donde se constató la presencia del joven civil con vida.

En conversación con N9, el abogado querellante Ricardo Ariel Osuna explicó que el requerimiento no surge de meras conjeturas, sino de un robusto caudal probatorio acumulado en el expediente judicial. El letrado remarcó que existen elementos de sospecha fundados que vinculan de manera directa a los uniformados identificados como R.O.B., G.A.M. y C.M.T. con los hechos bajo investigación. Ante este medio, Osuna manifestó de manera tajante: "Entendemos que hay elementos suficientes como para imputarlos en la causa, ya sea por la desaparición o por el resultado que se obtuviera. Son las personas que estarían más implicadas con relación a la desaparición de él".

Los testimonios recolectados en la causa resultaron claves para reconstruir el minuto a minuto previo a la desaparición del joven en la localidad de Fontana. Entre los aportes más significativos se destacan el de un testigo que aseguró haber visto a Axel corriendo mientras era perseguido por un móvil, otras declaraciones que describieron movimientos inusuales de la patrulla y el relato de un vecino que afirmó haber observado a la víctima en el interior de un patrullero. Asimismo, el expediente cuenta con videos y mensajes que el propio Axel González remitió a una persona allegada horas antes de desaparecer, donde expresaba textualmente que se encontraba rodeado de policías.

El representante legal de la familia González también advirtió sobre los serios riesgos procesales que implica el hecho de que los sospechosos continúen en funciones operativas. Según denunció el letrado ante N9, existen episodios de amedrentamiento hacia las personas que colaboraron con la justicia, lo que genera temor generalizado en la comunidad local. "Muchos no se animan a aportar ningún dato porque, mientras estos personales policiales sigan prestando servicio en otro lado para la Policía de la provincia del Chaco, mucha gente no va a aportar nada. Un testigo nos manifestó que gente de Investigaciones fue a su casa después de que declaró, le pidieron el celular a la hermana y fueron a amedrentarlo", detalló Osuna de forma pormenorizada.

Respecto a la continuidad de las medidas de prueba, la atención judicial está puesta en los resultados de los peritajes técnicos sobre los dispositivos de comunicación secuestrados, una tarea encomendada a las fuerzas federales de seguridad. El abogado precisó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra agilizando los trámites ante el área especializada de Gendarmería Nacional en Buenos Aires para procesar la información mediante sistemas informáticos avanzados. Sobre esta pericia, Osuna remarcó que "va a ser la frutilla del postre para tratar de ponerle un moño a ver qué fue lo que pasó", advirtiendo que si no surgen datos será debido a que los imputados borraron el material de forma previa.

Finalmente, desde la querella destacaron la labor que viene desempeñando el Equipo Fiscal Especial de la provincia, señalando que los investigadores judiciales proceden con estricto sigilo y notifican a los testigos a través de ayudantes fiscales independientes para resguardar la seguridad de los civiles involucrados y evitar filtraciones o contactos previos con personal policial. Mientras el expediente aguarda la resolución de los informes de geolocalización satelital por GPS de los patrulleros y el análisis definitivo de las antenas de telefonía móvil, la Fiscalía deberá dictaminar en el corto plazo si hace lugar al pedido de detención de los tres uniformados apuntados en esta sensible causa judicial.