Se resolvió la situación procesal de los siete imputados por el caso Axel: tres quedaron presos
Leonardo Silva y Omar Iñíguez seguirán detenidos por encubrimiento y Ramón Antonio Gómez por amenazas simples. El resto deberá presentarse periódicamente ante la justicia. La apertura de los celulares secuestrados arrancaría el jueves.

El equipo fiscal especial que investiga la desaparición de Axel Alejandro González resolvió la situación procesal de los siete imputados en la causa. Tres de ellos quedaron con prisión preventiva y los otros cuatro recuperaron la libertad bajo pautas de conducta, según informó la fiscal de Cámara Noelia Encinas, integrante del equipo, en diálogo con N9 y Radio Nordeste.
"En el día de la fecha efectivamente se han resuelto las situaciones procesales de los siete imputados, algunos de los cuales han recuperado la libertad sujeto a pautas de conducta y otros han sido notificados del dictado de la prisión preventiva", precisó la funcionaria.


La preventiva alcanza a Leonardo Silva y Omar Iñíguez, imputados por encubrimiento, y a Ramón Antonio Gómez, por amenazas simples. Encinas aclaró que los tres mantienen las imputaciones originales. Los cuatro restantes fueron notificados de su libertad en la misma jornada, con la obligación de quedar a disposición de la justicia: una de las pautas es "la de presentarse", de modo que "tienen que estar a disposición de la justicia cuando sean requeridos", señaló.
La fiscal anticipó que las defensas podrían plantear una oposición a las prisiones preventivas. En ese caso, la resolución final quedaría en manos de la jueza de Garantías N°3, tras una audiencia en la que cada parte expondría sus fundamentos. Desde la fiscalía consideran que, en esta etapa del proceso, una libertad para los tres imputados "sería prematura".
Sobre el ingreso de fuerzas federales —un reclamo que la querella había formalizado en los últimos días—, Encinas confirmó que la fiscalía solicitó el auxilio de todas las fuerzas federales para colaborar con la pesquisa, sumándose al pedido que en su momento había hecho el fiscal Santos para las pericias de los celulares. La medida implicaría requerir a la policía local que se abstenga de intervenir en la investigación, aunque sin afectar los operativos de búsqueda: "Nada tiene que ver con la cuestión de los rastrillajes (…), pero sí en aquello que tenga que ver específicamente con la investigación", explicó. Aclaró que la fuerza interviniente se definirá según una cuestión organizativa de los mandos federales.
En cuanto a los teléfonos secuestrados, la fiscal indicó que la apertura de los dispositivos comenzará el jueves. Las partes fueron notificadas el viernes de que primero se realizará la "desintervención" de los equipos, el miércoles, y al día siguiente se iniciará su apertura.
Por último, Encinas hizo un llamado a los medios para que resguarden la información sensible de la causa. Remarcó que no es su criterio "hablar de pruebas, ni de qué se obtiene de la prueba, ni cuáles son los resultados de los allanamientos", y advirtió que la difusión de datos personales y del contenido de las declaraciones puede comprometer la investigación y la seguridad de quienes aportan testimonio. "Se puede comunicar el estado del proceso (…), pero de ahí ya a vulnerar la intimidad de los testigos (…) necesariamente implica un compromiso para la investigación penal preparatoria", sostuvo.
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