Perú define su futuro político: arrancó un balotaje marcado por la crisis institucional
La segunda vuelta presidencial comenzó este domingo 7 de junio y enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El ganador gobernará el país entre 2026 y 2031, en medio de una fuerte polarización política.
Perú abrió este domingo 7 de junio la segunda vuelta presidencial, en una elección decisiva que enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El balotaje definirá quién conducirá el país durante el período 2026-2031, en medio de un clima político marcado por la polarización, la inseguridad y el desgaste de las instituciones.
La votación comenzó primero en el exterior, con ciudadanos peruanos residentes en países como Australia, Japón y Corea del Sur, y luego se inició en el territorio nacional. Según la información difundida durante la jornada, hay 90.223 mesas habilitadas y el proceso cuenta con la supervisión de 28.772 fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Además, más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar, incluidos los residentes en el exterior.
La contienda llega con dos proyectos políticos enfrentados. Fujimori, que compite por cuarta vez por la presidencia, busca capitalizar un discurso de orden y mano dura frente al avance del delito. Sánchez, exministro y dirigente de izquierda, sostiene una agenda de reformas con fuerte llegada en sectores rurales. De acuerdo con medios internacionales, las encuestas previas mostraban un escenario ajustado, con una parte importante del electorado indecisa o desencantada con la oferta política.
El ganador asumirá el próximo 28 de julio y deberá gobernar un país que atravesó una década de inestabilidad, con sucesivos cambios presidenciales y choques permanentes entre poderes del Estado. En ese contexto, el balotaje no solo definirá el nombre del próximo mandatario: también pondrá a prueba la capacidad de Perú para recomponer confianza política, ordenar su vida institucional y responder a las principales demandas sociales.
