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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
CASO SIMONI

Imputaron por amenazas al empleado judicial denunciado por violencia de género y quedó en libertad

Simoni, de 34 años, declaró este jueves ante la fiscal Noel Benítez, de la Fiscalía N°11 especializada en Género. La defensa cuestionó la prueba testimonial, aportó el teléfono del imputado y solicitó una pericia para determinar si sus dispositivos fueron intervenidos por terceros.

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El empleado judicial denunciado a fines de abril por su ex pareja en una causa por violencia de género fue imputado este jueves por amenazas simples y quedó en libertad. Simoni, de 34 años, se presentó cerca de las siete y media de la mañana en la sede de la Fiscalía de Investigaciones, prestó declaración indagatoria ante la fiscal Noel Benítez —titular de la Fiscalía N°11 especializada en Género— y se retiró por sus propios medios para reincorporarse a su nuevo lugar de trabajo, un juzgado laboral de Resistencia.

El empleado había sido trasladado desde la Fiscalía N°9 una vez que la denuncia tomó estado público. La causa fue iniciada por su ex pareja, quien declaró haber sido víctima de amenazas, hostigamiento y violencia psicológica durante meses, y aseguró que Simoni se valía de su trabajo en el Poder Judicial para enviarle imágenes de víctimas de femicidios acompañadas de mensajes intimidatorios. La denunciante cuenta con botón antipánico y restricción perimetral, y este miércoles amplió su declaración ante la fiscal con la presentación de un testigo, su psicólogo tratante.

Tras la audiencia, el abogado defensor Pablo Vianello dialogó con la prensa y cuestionó la solidez de la imputación. "Las pruebas que hay básicamente en contra de Simoni son declaraciones testimoniales", sostuvo, y enumeró los aportes "de su ex pareja, de la madre de su ex pareja, de una amiga y de un psicólogo tratante de manera particular de ella". El letrado remarcó que en el expediente no obra prueba documental que respalde el envío de fotografías de causas judiciales desde el lugar de trabajo de su defendido.

Vianello apuntó además contra uno de los ejes del relato de la denunciante: la supuesta circulación de imágenes de un femicidio vinculado a un culto a San La Muerte. "El único caso de femicidio que llevaba la Fiscalía N°9 era un caso del 2024", sostuvo, y aclaró que la causa de la víctima hallada en una laguna correspondía a la Fiscalía N°5, dependencia a la que —según remarcó— Simoni no tenía acceso por su función.

La defensa aportó este jueves el celular del imputado y solicitó la designación de un perito informático para determinar si sus dispositivos fueron intervenidos por terceros. "Vamos a poder demostrar que a él le hackearon sus dispositivos", anticipó Vianello, y mencionó capturas de chats con un técnico informático desde julio de 2025 en los que Simoni habría reportado un acceso indebido a sus cuentas. El abogado adelantó que, de confirmarse pericialmente esa hipótesis, impulsará una denuncia por falsa denuncia contra la mujer y contra su madre, también citada como testigo.

El defensor también se refirió a las menciones, en el expediente, sobre otras presuntas víctimas. "Yo hablé con la ex pareja de él y la actual; las dos dijeron que fue esta chica la que les escribió", afirmó, en referencia a una pareja anterior y a la actual pareja del imputado, una compañera de trabajo. Según esa versión, ambas mujeres habrían sido contactadas por la denunciante y no al revés. Una de ellas está citada a declarar el próximo 26 de mayo. Hasta tanto avancen las pericias y las declaraciones pendientes, Simoni continuará en libertad.

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