Recibió 1.966 animales para administrar y solo aparecieron siete toros: lo condenaron a tres años

El Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a Rómulo Augusto Bobbio a tres años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de administración fraudulenta, en la causa por la desaparición de 1.966 cabezas de ganado pertenecientes a la firma Landver S.A. La sentencia 6/26 lleva la firma del juez Jorge Alberto Troncoso, que presidió el tribunal, y de los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos. La acusación quedó en manos del fiscal Oscar Cañete; la defensa, a cargo del defensor oficial subrogante Edgardo Gustavo Grimberg; y la representación de la empresa damnificada, como actor civil, en el abogado Matías José Mosca Tressens.

Según se dio por probado, Bobbio había firmado el 4 de octubre de 2019 un contrato de consignación de venta por el que recibió 1.966 vacunos —entre toros, vaquillonas, vacas preñadas, vacas secas e invernada— que debían trasladarse desde el establecimiento Buena Vista hacia el campo Santa Ana del Trébol, en Curuzú Cuatiá. Vencido el plazo del acuerdo, la empresa lo intimó en reiteradas oportunidades a restituir los animales o rendir cuentas, sin éxito: cuando representantes de Landver llegaron al campo para verificar el estado de la hacienda, el productor les impidió el ingreso. Durante allanamientos posteriores solo fueron hallados siete toros.

A partir de la documentación comercial, los registros de movimientos de hacienda, los testimonios y las pericias incorporadas al expediente, los magistrados concluyeron que el acusado dispuso de los animales sin autorización y mediante maniobras irregulares con la documentación de traslado ganadero. Junto con la pena de prisión, el tribunal hizo lugar a la acción civil y le ordenó una reparación económica calculada sobre el valor promedio de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas al momento del pago, con un interés puro anual del 6 por ciento desde el 23 de septiembre de 2020. El resarcimiento abarca 37 toros, 213 vaquillonas de recría, 987 vacas preñadas, 540 vacas secas para entorar y 182 animales de invernada, además de las costas del proceso y los honorarios profesionales.

Como reglas de conducta durante cuatro años, el productor deberá fijar residencia y no modificarla sin autorización judicial, abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes. Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva. El caso había generado fuerte repercusión en el sector ganadero provincial y nacional por el volumen del faltante investigado y por el peso patrimonial de la maniobra que ahora quedó acreditada en sede judicial.