Sentencian a un matrimonio por obligar a una menor a un "matrimonio forzado"
El Tribunal Oral Federal de San Juan dictó una sentencia de diez años de cárcel para un matrimonio y su hijo, tras hallarlos culpables de captar y explotar a una menor de edad bajo el pretexto de ritos culturales. La víctima, que fue "comprada" por poco más de 800 mil pesos, sufrió años de violencia física, servidumbre doméstica y abusos en diversas provincias del país.
En un fallo que marca un precedente fundamental en la lucha contra la trata de personas, el juez federal Daniel Doffo condenó este miércoles a diez años de prisión a Alberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco. La sentencia responde a la captación, traslado y explotación agravada de una niña que, al momento de iniciarse el calvario, tenía apenas 13 años. El tribunal consideró probado que el matrimonio "compró" a la menor a sus progenitores en la provincia de Neuquén por la suma de 825 mil pesos, para luego someterla a una unión forzada con su hijo, quien en aquel entonces ya era mayor de edad.
El desarrollo de la investigación fiscal permitió reconstruir el itinerario de horror que atravesó la víctima entre Neuquén, Santa Fe y San Juan. Durante casi tres años, la joven fue reducida a una condición de servidumbre doméstica y laboral, siendo obligada a realizar todas las tareas del hogar y a vender mercadería en la vía pública bajo condiciones climáticas extremas. Según el expediente, todo el dinero recaudado debía ser entregado a sus explotadores, quienes utilizaban la privación de alimentos y recursos básicos como método de control, incluso durante los períodos en que la menor cursó embarazos fruto de la relación impuesta.
La crueldad de los condenados quedó plasmada en los testimonios que dieron cuenta de violencia física sistemática, incluyendo golpes y quemaduras con cigarrillos y agua caliente. El final de esta pesadilla ocurrió en diciembre de 2024, cuando la familia intentó trasladar a la joven por la fuerza desde San Juan hacia Santa Fe. En un descuido de sus captores en una estación de servicio de Caucete, la víctima intentó huir con su hijo en brazos, siendo recapturada violentamente. Sin embargo, la intervención de un testigo que alertó al 911 permitió que la policía interceptara el vehículo y rescatara a la menor, dando inicio al proceso judicial que culmina hoy.
En sus alegatos, los fiscales Fernando Alcaraz y Alejandra Mángano fueron contundentes al rechazar que el matrimonio infantil pueda ser amparado bajo el paraguas de "usos y costumbres" de la comunidad gitana. La Justicia argentina ratificó que ningún rito cultural está por encima de los derechos humanos fundamentales y la protección integral de la niñez. Además de la pena privativa de la libertad, se ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos, una cifra que, aunque no borra las secuelas del daño sufrido, busca garantizar un sustento para la víctima y su hijo en esta nueva etapa de libertad.
