El agresor había sido denunciado el año pasado por amenazar a otra ex pareja con un arma

El doble crimen perpetrado por el cabo primero Luciano Etudie sumó un dato que reorienta la mirada sobre los controles internos en la Policía del Chaco: el efectivo ya había sido denunciado en 2025 por una ex pareja —distinta de la víctima del femicidio— que lo acusó de amenazarla con un arma de fuego que no era la reglamentaria. La causa había tramitado en la Fiscalía N°4, la mujer obtuvo botón antipánico y una medida de restricción de acercamiento, pero tiempo después retiró la denuncia y el expediente terminó derivado a un juzgado de faltas.

Ese antecedente cobra otra dimensión a la luz de las primeras conclusiones de la fiscalía. La fiscal Noel Benítez, a cargo del femicidio de Graciela López y del parricidio de Luciano Alberto Etudie, adelantó que la investigación cuenta con indicios de que el ataque a López fue planificado y que el agresor pensaba fugarse con el auto que había robado tras matar a su padre. La funcionaria también señaló que, si bien no había denuncias formales por violencia de género entre ambos, sí existían conflictos previos en torno a la separación y la tenencia del hijo de cinco años.

En paralelo, el Órgano de Control Institucional (OCI) abrió un sumario administrativo y dispuso la suspensión de funciones con retención de haberes. Su titular, Ricardo Urturi, anticipó que la gravedad de los hechos amerita la cesantía y expulsión de la fuerza, una vez que se completen las notificaciones —demoradas porque el cabo continúa internado en terapia intensiva, con custodia policial—. El organismo recolecta testimonios del personal del COE que intervino en la negociación y aguarda los informes de las pericias sobre el arma reglamentaria utilizada en el doble crimen.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que la Policía del Chaco arrastra hace pocas semanas. A fines de abril, un oficial ayudante de apellido Iturri abrió fuego dentro de la comisaría de Colonias Unidas, efectuó cerca de ocho disparos contra el sector de guardia e hirió en el brazo a un compañero. Aquel episodio también derivó en una intervención del OCI, en testimoniales al personal y en un sumario que avanza hacia las imputaciones. Dos hechos en menos de quince días que involucran a efectivos en actividad y al uso de armas dentro y fuera del servicio.

La superposición de ambos episodios reabre interrogantes sobre los mecanismos de control psicológico, los protocolos de seguimiento de denuncias archivadas y la circulación interna de información cuando un efectivo cuenta con antecedentes que, aunque no derivaron en una condena, encendieron alertas previas. En el entorno de la fuerza admiten que la causa Etudie obligará a revisar la articulación entre el OCI, las fiscalías y las áreas de Recursos Humanos para evitar que un policía denunciado por violencia de género conserve, sin observación alguna, su arma reglamentaria y sus funciones operativas.