Operativo internacional por explotación sexual infantil: "Secuestraron teléfonos, computadoras y memorias"
En diálogo con N9, la doctora Gisela Oñuk, Fiscal de Investigaciones del Interior, detalló el alcance de la operación que involucró a 16 países y 18 provincias argentinas en la lucha contra la pedofilia online.
La lucha contra la explotación sexual infantil dio un paso trascendental en las últimas horas con la ejecución de la operación internacional denominada "Aliados por la Infancia VI". En este marco, la provincia del Chaco fue protagonista de un importante procedimiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el Departamento de Cibercrimen de la Policía provincial allanó un domicilio tras detectar actividades vinculadas a la distribución de material de abuso. Este despliegue no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una red de intervenciones coordinadas que buscan desbaratar los circuitos de intercambio de contenidos ilegales en plataformas digitales a escala global.
En diálogo con N9, la fiscal Gisela Oñuk, quien ejerce como fiscal temática por el interior y forma parte de la prestigiosa red 24/7 de investigaciones tecnológicas, brindó precisiones sobre la magnitud del operativo. "Se realizaron más de 280 allanamientos en distintas provincias y países de Latinoamérica, incluyendo también a Francia y España", explicó la magistrada, destacando que en la Argentina participaron 18 provincias en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cooperación internacional fue la piedra angular de esta sexta edición de la operación, que tuvo como objetivos principales identificar a los usuarios que utilizan software especializado para el tráfico de estos archivos criminales.
La investigación en la ciudad termal se disparó a partir de un reporte técnico que identificó una dirección IP sospechosa. Según detalló la fiscal Oñuk, "esta IP descargaba de un programa que se llama P2P, donde circulan videos pornográficos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes". La utilización de este sistema de intercambio de archivos permite a los delincuentes distribuir material de manera descentralizada, lo que requiere un altísimo nivel de peritaje informático para lograr el seguimiento del origen de las descargas. La fiscalía detectó que desde el domicilio allanado en Sáenz Peña se accedía a este mercado negro digital, lo que motivó la orden de registro inmediata otorgada por el Juzgado de Garantías local.
Durante el procedimiento, en el que intervino personal del Departamento de Cibercrimen junto a la División de Investigaciones de Villa Ángela, las autoridades lograron el decomiso de una cantidad significativa de evidencia digital. "Secuestraron teléfonos, computadoras y memorias que van a ser objeto de la pericia correspondiente con el objetivo de buscar este material", confirmó la doctora Oñuk a los micrófonos de N9. El material incautado es de vital importancia, ya que los investigadores buscan determinar si se trata únicamente de tenencia o si el investigado formaba parte activa de una red de distribución y comercialización, un escalafón mucho más grave dentro del código penal que involucra estructuras de pedofilia internacional.
Un aspecto fundamental de este operativo fue la articulación con organismos extranjeros, tales como las embajadas de Francia, Estados Unidos y España, además de la colaboración de empresas privadas propietarias de redes sociales. La fiscal explicó que muchas de estas denuncias surgen de reportes automáticos de seguridad en plataformas como Facebook o Instagram, cuyas sedes centrales denuncian ante las autoridades cuando detectan contenidos de abuso infantil. "El objetivo de esta operación es investigar usuarios que compartían pornografía en un programa", remarcó la fiscal, señalando que la trazabilidad de estos delitos hoy es posible gracias a la especialización de las fuerzas de seguridad locales y el intercambio de información en tiempo real con la Fiscalía Especializada que dirige la doctora Daniela Dupuy en CABA.
Por el momento, la causa en Sáenz Peña no cuenta con personas detenidas, aunque la situación procesal de los implicados podría cambiar drásticamente una vez que se obtengan los resultados de los análisis forenses sobre los dispositivos secuestrados. La fiscalía busca corroborar si los archivos encontrados son de fabricación casera, lo que indicaría que hay un niño o niña en riesgo inminente en la zona, o si pertenecen a circuitos de producción global. La investigación continúa abierta y bajo estricta vigilancia, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza en el desmembramiento de estas redes de delincuentes que, protegidos por el anonimato de la red, perpetúan uno de los flagelos más graves contra la integridad de las infancias.
