Escuelas abordan el bullying y las amenazas: "Hay 20 causas judicializadas"
En diálogo con N9, Luis Gutiérrez informó desde Corrientes que la jornada reunió a autoridades educativas, DICEPA y directivos de instituciones secundarias para definir estrategias de contención y prevención frente a episodios que siguen generando preocupación en la comunidad escolar.

La provincia de Corrientes comenzó a reforzar el abordaje institucional frente a los casos de bullying, acoso escolar y amenazas en establecimientos educativos. Desde la capital correntina, el móvil de Luis Gutiérrez para N9 informó que durante la mañana se desarrolló en el Instituto Superior de Música Carmelo Orlando de Biasi el primer encuentro de transformación para la educación secundaria correntina, una jornada organizada por el Ministerio de Educación con participación de DICEPA y de directivos de escuelas secundarias de la ciudad.
Según detalló el periodista en vivo, el eje del encuentro estuvo puesto no sólo en el bullying y el acoso, sino también en las amenazas de tiroteos que se vienen registrando en distintos puntos de la provincia y de la región en el marco de un fenómeno viral que mantiene en alerta a las autoridades. En ese contexto, Luis Gutiérrez remarcó un dato central del panorama actual: "Ya hay 20 causas judicializadas", de acuerdo con la información atribuida al ministro de Seguridad. La cifra expone que la problemática dejó de ser un episodio aislado para transformarse en una preocupación concreta que ya tiene intervención judicial.


Durante su cobertura, el cronista de N9 explicó que esta jornada formó parte de un rápido accionar del Ministerio de Educación y del gabinete pedagógico y no pedagógico, con asesores que acompañaron a directivos y docentes para dar herramientas ante situaciones que se repitieron en los últimos días. También subrayó que el objetivo es llevar tranquilidad a la población estudiantil y a las familias, en medio de un escenario que sigue abierto. Como ejemplo de esa continuidad, advirtió que incluso este mismo martes volvió a registrarse una advertencia en Goya, lo que demuestra que la situación todavía no cesa en el territorio correntino.
Luis Gutiérrez también hizo foco en que las respuestas se están articulando desde distintos frentes. En su salida al aire señaló que ya se están tomando medidas desde Educación, desde Seguridad y desde la Policía de Corrientes, con intervenciones que buscan prevenir, contener y dar una respuesta institucional clara. En esa línea, reiteró un mensaje que también se repite en otras jurisdicciones: esto no es una broma, es un delito. Según sostuvo, las actuaciones judiciales y policiales ya incluyen rastreo de números, seguimiento de direcciones IP e identificación de responsables, con la intención de dejar en claro que cada amenaza tiene consecuencias.
Como parte del contexto de esta problemática, en el móvil se recordó además el caso del colegio Edgar Romero Maciel, donde el viernes pasado se había desplegado un fuerte operativo policial tras una amenaza. Allí, N9 había recogido en una entrevista anterior el testimonio de la docente Alicia Ferré, quien explicó que se activó el protocolo del establecimiento, se realizó la denuncia correspondiente y se dio aviso a las autoridades de supervisión. En aquella oportunidad, la profesora también había planteado que se trata de un fenómeno amplio, que exige seguir trabajando desde la escuela con acompañamiento institucional y con expectativas puestas en fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes.
Otro de los puntos destacados por Luis Gutiérrez fue que algunas medidas preventivas, como la restricción o no del uso de mochilas, quedan sujetas a la decisión de cada institución. Mencionó, por ejemplo, que en Bellavista hubo casos en los que se optó por llevar útiles en bolsas transparentes, aunque aclaró que no existe un criterio único para toda la provincia. Más allá de esos mecanismos puntuales, el fondo del mensaje sigue siendo el mismo: reforzar la prevención, evitar la psicosis y sostener una intervención integral con participación de escuelas, familias y Estado. Con 20 causas ya judicializadas y nuevas alertas que siguen apareciendo, Corrientes busca ahora ordenar una respuesta educativa y de seguridad que permita contener el problema antes de que escale aún más.













