Bukele promulgó la ley que permite cadena perpetua para menores de 12 años
En un nuevo capítulo de su estrategia de seguridad extrema, el presidente salvadoreño ratificó la enmienda que habilita penas de reclusión perpetua para niños desde los 12 años involucrados en delitos graves. La medida, que entrará en vigencia el próximo 26 de abril, ha generado un fuerte rechazo de organismos como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, quienes advierten sobre la violación de tratados internacionales de protección a la infancia.
Este jueves 16 de abril de 2026, el gobierno de El Salvador confirmó la promulgación de una ley que permite aplicar la pena de cadena perpetua a menores de 12 años que cometan delitos tipificados como graves, tales como homicidios, violaciones o actos de terrorismo. La normativa, impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, entrará en vigor el próximo 26 de abril. Esta medida se inscribe en la política de "mano dura" que el mandatario sostiene desde el inicio de su gestión y que ha derivado en la prórroga constante del estado de emergencia en el país centroamericano.
La enmienda constitucional fue aprobada por la Asamblea Legislativa, donde el partido oficialista Nuevas Ideas posee una mayoría absoluta, lo que permitió un trámite veloz sin mayores obstáculos parlamentarios. Durante el proceso, Bukele utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza a quienes se opusieron al proyecto, calificándolos de indulgentes frente a la criminalidad violenta. La reforma elimina las restricciones de edad que protegían a los niños y adolescentes de penas de reclusión indefinida, un cambio que ha puesto en alerta a la comunidad jurídica internacional.
Desde el exterior, organismos dependientes de las Naciones Unidas, como UNICEF, manifestaron una profunda preocupación, señalando que el encarcelamiento de por vida para niños contradice los estándares mínimos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Según los expertos del organismo, este tipo de sanciones priorizan el castigo punitivo por sobre la rehabilitación y reintegración, advirtiendo además que es poco probable que una medida de esta naturaleza logre reducir efectivamente los índices de delincuencia a largo plazo en la región.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos han denunciado un agravamiento de la situación institucional en El Salvador, citando informes del GIPES que alertan sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos cuatro años de operativos masivos. Con casi el 2% de su población privada de la libertad y la implementación de juicios colectivos, el gobierno de Bukele enfrenta crecientes críticas por la sistemática violación de garantías constitucionales, mientras el mandatario reafirma su compromiso con un modelo de seguridad que ignora las presiones diplomáticas internacionales.
