El STJ ratificó las penas en suspenso: "Es un baldazo de agua fría para las familias"
Durante un informe desde el lugar del hecho, nuestro cronista Luis Gutiérrez detalló el malestar de los familiares ante un fallo que consideran insuficiente frente a la pérdida de ocho vidas de trabajadores.
Luego de casi 14 años de un proceso judicial cargado de dilaciones, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la condena de tres años de prisión en suspenso para los empresarios Marcelo Meyer y Walter Bruquetas. Los mencionados fueron hallados responsables del derrumbe ocurrido el 22 de marzo de 2012 en el edificio en construcción ubicado en San Martín al 652, donde el colapso de un encofrado en el noveno piso provocó la muerte de ocho obreros y heridas de gravedad a otros dos. La resolución del máximo tribunal provincial rechaza los recursos presentados por la querella, dejando firme una sentencia que no implica prisión efectiva para los culpables.
Desde el lugar de los hechos, nuestro cronista Luis Gutiérrez informó que la noticia ha sido recibida como un "baldazo de agua fría" por parte de los familiares de las víctimas, quienes esperaban una pena acorde a la magnitud de la tragedia. Gutiérrez recordó que este siniestro conmocionó a toda la sociedad correntina y enumeró a los trabajadores fallecidos: Diego Rodríguez, Marcos Ramón González, Ricardo González, Jorge Acevedo, Eduardo Acevedo, William Valenzuela, Ramón Zacarías y Pablo Medina. Según lo reportado por el cronista en el móvil de exteriores, el sentimiento generalizado es de indignación y desesperanza ante una estructura judicial que, tras más de una década, otorga una libertad restringida a los responsables de un hecho calificado como estrago culposo agravado.
En este mismo sentido, el día de hoy más temprano, el abogado querellante Juan Manuel Cubilla Podestá declaró que el fallo es profundamente injusto y carece de respuestas adecuadas para las familias arruinadas. Cubilla Podestá cuestionó que el Superior Tribunal haya decidido "esquivar la discusión" sobre la cuantía de la pena, sosteniendo que la falta de prisión efectiva para quienes causaron ocho muertes denota una grave falta de razonabilidad. Asimismo, el letrado remarcó que se encuentran analizando los fundamentos técnicos de la resolución para formalizar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal del país intervenga en lo que consideran un fracaso del sistema provincial.
La causa, que inició formalmente en 2015 tras tres años de espera para el comienzo del juicio oral, ha puesto en el centro del debate público la proporcionalidad de las penas y los tiempos de la justicia en la provincia. A pesar de la ratificación de la inhabilitación para ejercer actividades vinculadas a la construcción, el hecho de que los responsables permanezcan en libertad genera un precedente que, según la querella, golpea la credibilidad institucional. Con el aniversario de la tragedia próximo, el caso vuelve a evidenciar las falencias de un proceso que demoró 14 años en llegar a una instancia firme, dejando una herida abierta en la comunidad trabajadora correntina que aún clama por justicia plena.
