"No descarto nuevas detenciones": Vianello tomó el caso del asesinato de "Guasón" Romero
El letrado se constituyó como representante de la familia y apunta a que el hecho sea caratulado como homicidio doblemente agravado. Hay dos personas detenidas.

El abogado Pablo Vianello formalizó este martes su constitución como querellante en representación de la familia de Jonatan "Guasón" Romero, el joven asesinado a balazos durante un evento en el que su hermano tocaba con una banda musical. La estrategia de la querella apunta a que el hecho sea recalificado como homicidio doblemente agravado —por uso de arma de fuego y por alevosía—, lo que conllevaría una condena a prisión perpetua.
"Preliminarmente se hablan de 15 disparos y dos armas, lo cual no es una situación común, no es un simple homicidio con arma de fuego", señaló Vianello en diálogo con este medio. El letrado explicó que se están analizando casquillos de diferentes calibres hallados en el lugar y que la autopsia y las pericias sobre los proyectiles extraídos del cuerpo serán determinantes para establecer la gravedad del ataque. "La discusión de este caso va a pasar por ese segundo agravamiento, por la alevosía", anticipó.


La causa, a cargo de la fiscal Ana González de Pache, tiene actualmente dos personas detenidas —madre e hijo—, pero la querella no descarta nuevas aprehensiones en las próximas horas. Según lo que los familiares transmitieron al abogado, habría más personas involucradas, entre ellas quienes habrían suministrado el arma homicida. Este lunes comenzaron las declaraciones testimoniales: estaban citados la esposa y el hermano de la víctima, además de otros testigos que podrían aportar información sobre los hechos.
Vianello destacó el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la investigación y pidió resguardo para quienes teman declarar. "Lo que necesitamos es que se pueda saber la verdad", afirmó. Por el momento la causa está caratulada como homicidio agravado por uso de arma de fuego, pero si las pruebas confirman la alevosía, los responsables podrían enfrentar la pena máxima del Código Penal argentino: prisión perpetua, con un mínimo de 35 años de cumplimiento efectivo.
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