Confirmaron penas en suspenso por la muerte de ocho obreros y crecen las críticas al fallo
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó los recursos de casación de las querellas y dejó firmes las condenas de tres años de prisión en suspenso para los principales responsables del derrumbe que causó ocho muertes.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó las penas de tres años de prisión en suspenso para los principales responsables del derrumbe que provocó la muerte de ocho obreros, en un fallo que llegó tras casi 14 años de trámite judicial y que generó fuertes cuestionamientos. La resolución rechazó los recursos de casación presentados por las querellas y dejó firme, en lo sustancial, la sentencia previa.
De este modo, los condenados no cumplirán prisión efectiva, un punto que se convirtió en el principal eje de las críticas por parte de los familiares de las víctimas y de sus representantes legales. La decisión se conoció además en un contexto especialmente sensible, a pocos días de un nuevo aniversario de la tragedia, lo que volvió a poner el caso en el centro de la discusión pública en Corrientes.


Uno de los abogados querellantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, expresó su disconformidad con el resultado del proceso y sostuvo que la resolución "no logra representar adecuadamente la magnitud del daño causado". También remarcó que existe una fuerte tensión entre el valor de la justicia y el resultado concreto del fallo, al tratarse de ocho personas fallecidas y una condena que permite a los responsables permanecer en libertad.
Desde la querella también advirtieron sobre la extensión del proceso judicial, al considerar que catorce años vulneran el plazo razonable exigible en una causa de esta gravedad. En ese marco, anticiparon que analizan los fundamentos de la sentencia para definir si avanzan con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, lejos de cerrar la herida, el fallo volvió a instalar interrogantes sobre la proporcionalidad de las penas, los tiempos de la Justicia y la respuesta institucional ante tragedias de alto impacto social.













