La Justicia argentina ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi
El juez federal Daniel Rafecas solicitó a Interpol la activación de una alerta roja contra Alí Asghar Hejazi, ex mano derecha del líder supremo Alí Khamenei. Se lo acusa de presidir el organismo estatal iraní donde se habría definido la ejecución del ataque terrorista de 1994.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este lunes la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, acusado de tener una participación directa en la planificación del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. El magistrado, a cargo de forma subrogante del Juzgado Federal N° 6, solicitó formalmente a Interpol la emisión de una alerta roja para lograr su detención y posterior declaración indagatoria.
Según la reconstrucción efectuada por la UFI-AMIA, Hejazi desempeñó un rol fundamental como presidente del denominado Comité Vijeh. Este organismo estatal iraní habría sido el ámbito donde se recolectó información de inteligencia, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta final para ejecutar el ataque en Buenos Aires. El acusado es señalado como el último eslabón identificado en la cadena de mando que vincula al régimen de Teherán con la logística del atentado.


En paralelo a esta orden de detención, el juzgado resolvió ampliar las imputaciones contra otros exfuncionarios como Alí Fallahijan y Ahmad Vahidi, incorporando la figura de asociación ilícita. Esta nueva estrategia judicial sostiene que la organización Hezbollah fue creada y utilizada por Irán como un brazo ejecutor para cometer actos terroristas internacionales, lo que permitiría aplicar penas más severas por delitos de homicidio agravado por odio racial o religioso.
No obstante, el juez Rafecas rechazó por el momento procesar a otros diez imputados, a la espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. El debate central gira en torno a la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, herramienta legislativa con la que se pretende juzgar a los sospechosos que se encuentran fuera del país y que hasta ahora se han negado a comparecer ante los tribunales argentinos.













