El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores criminales
La nueva normativa sancionada por la Asamblea Legislativa modifica el sistema penal juvenil y permite castigos de por vida a adolescentes entre 12 y 18 años involucrados en crímenes considerados graves por las autoridades
El Salvador incorpora la prisión perpetua para menores de 12 años en delitos graves. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una serie de reformas legales que permiten la imposición de la prisión perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años, por delitos considerados graves como terrorismo, homicidio agravado o violación.
Esta decisión se enmarca en el endurecimiento de la política penal, tras la ratificación de una reforma constitucional que autoriza este tipo de condena para adultos y ahora, con alcance hacia adolescentes, con la finalidad expresa de combatir las estructuras delincuenciales y pandilleriles.
Según la información oficial recogida en el dictamen legislativo, la reforma no solo altera el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, sino también la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley contra el crimen organizado.
A diferencia del régimen anterior, donde los menores de 12 años solo podían ser sancionados, en casos graves, con hasta 10 años de internamiento y los mayores de 16 hasta 15 años, el nuevo marco legal establece la pena perpetua como única condena posible para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, para adolescentes entre 12 y 18 años. Esto representa un cambio radical en el modelo de justicia juvenil del país.
Menores ligados a pandillas, excluidos de los procesos juveniles
De manera paralela, la reforma establece la exclusión total de los procesos ordinarios de la Ley Penal Juvenil a los adolescentes procesados bajo la Ley contra el crimen organizado. Esto afecta especialmente a los menores vinculados a organizaciones criminales, incluidas las maras y pandillas. La exclusión implica que el procedimiento especial de menores no tendrá aplicación en estos casos, lo que permite la realización de juicios masivos a adolescentes por sus supuestos vínculos con estructuras delincuenciales.
Actualmente, la Ley Contra el Crimen Organizado posibilita que los menores procesados comparezcan ante Tribunales Especializados en Crimen Organizado y no ante sistemas de justicia juvenil. Bajo estas reglas, los procesos pueden prolongarse hasta 24 meses, con una prórroga adicional de 12 meses, y los acusados —menores incluidos— cumplen sus condenas en centros penitenciarios de adultos, aunque con separación según la edad.
