Inspección ocular, reclamos ambientales y definición judicial en espera
En una jornada cargada de tensión, el juez Julián Flores encabezó una inspección ocular en el Parque Caraguatá junto a organizaciones ambientales, funcionarios municipales, concejales y vecinos para evaluar el estado del predio tras las denuncias por presuntas intervenciones irregulares.

N9 en el corazón del Caraguatá. Con cámaras en el lugar, en medio de una fuerte expectativa social y política, este 19 de marzo se realizó la inspección ocular en el Parque Caraguatá, una instancia clave dentro del conflicto abierto por las denuncias de presunto desmonte en la reserva urbana. La recorrida estuvo encabezada por el juez Julián Flores y reunió a representantes de organizaciones ambientales, funcionarios municipales, concejales de la oposición y vecinos que vienen siguiendo de cerca el futuro de uno de los espacios verdes más sensibles de Resistencia.

La visita judicial llegó después de varios días de tensión pública, con denuncias impulsadas por sectores ambientalistas, respuestas oficiales del Municipio y una audiencia previa en la que ya se había dispuesto avanzar con una constatación en el predio. El eje del conflicto sigue siendo el mismo: mientras las organizaciones denuncian desmonte y afectación sobre la vegetación nativa, desde la Municipalidad sostienen que lo realizado fue una limpieza de senderos y tareas de mantenimiento en un lugar que arrastraba años de abandono. En ese marco, la presencia del juez en el lugar abrió una etapa decisiva para intentar ordenar el expediente y acercar una resolución.


Tras la recorrida, el juez Flores evitó adelantar una conclusión sobre lo observado, pero sí dejó definiciones relevantes sobre el estado de la causa. "A nivel probatorio hay una prueba informativa que hay que producirse en el expediente", señaló, y anticipó que intentará resolver la cuestión en los próximos días o, a más tardar, en la semana siguiente. Cuando fue consultado puntualmente sobre el informe de impacto ambiental, fue claro: "Todavía no presentó", respondió al referirse al Municipio. También remarcó que, de acuerdo con la normativa vigente, la comuna tiene la obligación de limpiar el predio y conservarlo como un parque natural, dejando entrever que una cosa es retirar basura y chatarra y otra muy distinta intervenir sobre la vegetación propia del lugar.

En esa misma línea, el magistrado también marcó un punto central sobre qué tipo de limpieza debería haberse priorizado en el parque. "En teoría limpiar las chatarras y la basura. No la vegetación natural", expresó ante la consulta periodística. Durante la recorrida, además, mencionó la presencia de tractores, autos abandonados e incluso animales en aparente estado de abandono, elementos que también podrían ser considerados dentro de la evaluación judicial. Sin prejuzgar, dejó planteado que la resolución deberá contemplar tanto las pruebas aportadas por las ONG como la documentación y explicaciones acercadas por el Municipio.

Desde el lado de las organizaciones ambientales, la lectura del recorrido fue mucho más contundente. En diálogo con N9, Yanel Mayol, referente de Misión Eco, sostuvo que la constatación en el terreno reforzó las denuncias que venían realizando. "Lo que nosotros pudimos ver fue justamente el daño a la vegetación y el desmonte que hubo", afirmó, y remarcó además que la organización sí acercó documentación al expediente mientras que, según indicó, el Municipio todavía no cumplió con una presentación clave. La postura de los ambientalistas se apoya no solo en la observación directa de lo ocurrido en los senderos, sino también en la defensa de un criterio de preservación integral para una reserva que consideran estratégica desde el punto de vista ecológico y comunitario.
La concejala Lucila Massin también trazó una evaluación crítica luego de la inspección. Señaló que, a título personal, pudo observar árboles tirados y una intervención fuerte en distintos sectores aledaños a senderos y caminos internos. Además, recordó que desde el Concejo vienen reclamando informes al Ejecutivo desde hace tiempo y cuestionó la falta de respuestas sobre el impacto ambiental de las tareas. En paralelo, explicó que la oposición presentó un proyecto de ordenanza para generar un esquema de administración participativa del Parque Caraguatá, con un consejo asesor y mayor involucramiento de vecinos y organizaciones, una discusión que —según remarcó— todavía no pudo darse en profundidad.
En un tono similar se pronunció el concejal Guillermo Monzón, quien aseguró que lo observado durante la recorrida fue "lamentable" y advirtió que el debate sobre el destino del parque no empezó ahora. Recordó que desde 2018 el Código Ambiental de Resistencia ya establece que el Caraguatá debe ser preservado para la comunidad y ligado a su carácter de reserva. También mencionó normativas posteriores, proyectos y concursos de ideas que avanzaron en la misma dirección, además de una resolución votada por los once concejales para retirar del lugar los vehículos y elementos abandonados que generan contaminación. Su planteo fue directo: la tarea pendiente era sanear el acceso y retirar chatarra, no desmontar ni alterar el ambiente natural del predio.
Del lado del Municipio, la palabra más concreta fue la del secretario de Obras Públicas, Luis Zarabozo, quien mantuvo la posición oficial y ratificó que los trabajos ya concluyeron. "Lo que diga el juez va a ser lo que vamos a hacer", resumió, dejando en claro que la comuna quedará sujeta a lo que disponga la Justicia. A su vez, defendió el accionar municipal al afirmar que no era necesario presentar un informe de impacto ambiental para una tarea de limpieza: "Porque cuando hace limpieza no hace falta", sostuvo. También confirmó que ingresaron cinco máquinas al parque y negó de manera terminante la existencia de árboles talados: "No, no hay árboles talados", dijo frente a la consulta de N9.
Así, la jornada dejó algo más que una recorrida técnica: expuso en el terreno mismo el choque entre dos miradas de ciudad. Por un lado, la del Municipio, que insiste en la recuperación y apertura del espacio tras años de abandono. Por el otro, la de organizaciones, vecinos y referentes políticos que reclaman preservación estricta, participación comunitaria y cumplimiento de la normativa ambiental. Con N9 en el lugar, mostrando de cerca el estado del predio y escuchando a todos los protagonistas, el Parque Caraguatá volvió a convertirse en el centro de una discusión que excede una intervención puntual: lo que está en juego es qué modelo de gestión tendrá uno de los pulmones verdes más importantes de Resistencia.
Ahora, todas las miradas quedan puestas en la definición del juez Flores. La resolución que se adopte en los próximos días puede marcar no solo el rumbo judicial del conflicto, sino también el modo en que la ciudad discutirá, de aquí en adelante, el destino del Caraguatá. Mientras tanto, el reclamo sigue vivo, la tensión no baja y el parque permanece en el centro de la agenda pública, política y ambiental del Chaco.
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