Descubren $357 millones escondidos en una camioneta que iba de Chaco a Buenos Aires

Un control de rutina de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 11, a la altura de El Timbó, en la provincia de Santa Fe, terminó con el hallazgo de 357 millones de pesos escondidos dentro del tablero de una Toyota Corolla Cross que viajaba desde Chaco hacia Buenos Aires. El operativo ocurrió el 28 de marzo de 2025, cuando los efectivos notaron irregularidades en la estructura interior del vehículo conducido por un hombre identificado como F.E.V. Al verse descubierto, el propio conductor se ofreció a desarmar las piezas del tablero y dejó a la vista varios compartimientos modificados donde se apilaban fajos de billetes, repartidos detrás de las salidas de aire acondicionado, del sistema de sonido, debajo del volante, en la guantera y junto a la palanca de cambios.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Roberto Salum y el auxiliar Bruno Ojeda desde la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, reveló que detrás del traslado de dinero operaba una empresa de venta de repuestos para autos y motos con sede en Resistencia. Según la fiscalía, la firma funcionaba como pantalla para mover efectivo de manera sistemática hacia distintas provincias, sin que su actividad comercial justificara la frecuencia ni el volumen de esos viajes.

La pesquisa determinó que entre 2024 y 2025 los implicados se dedicaron de forma sostenida a comprar y vender dólares y euros sin autorización, usando la estructura de la sociedad para darle apariencia legal a fondos cuyo origen no pudieron justificar. En un allanamiento realizado en las oficinas de la empresa en Resistencia, los investigadores encontraron máquinas contadoras de billetes, recibos, pagarés y llaves de varios vehículos, elementos que la fiscalía incorporó como prueba de la operatoria clandestina.

Uno de los detalles más llamativos del caso es que los acusados habían preparado de antemano un documento notarial que autorizaba el uso del vehículo y la administración de dinero en efectivo por hasta 800 millones de pesos, fechado apenas ocho días antes del operativo. Para la fiscalía, se trataba de un recurso armado para simular legalidad en caso de ser interceptados. La investigación identificó al dueño de la camioneta como socio de la empresa, al conductor como el encargado de contactar clientes por teléfono y atenderlos en las oficinas del negocio de repuestos, y a un cuarto implicado como coautor del delito de lavado de activos.

La audiencia de formalización se llevó a cabo el 27 de febrero de 2026, y el juez de garantías Aldo Mario Alurralde ordenó un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, el congelamiento de cuentas bancarias por 180 días y de cajas de seguridad por 90 días. Además, concedió un plazo de un año para continuar la investigación, dada la complejidad del expediente y la cantidad de jurisdicciones involucradas. Según informaron desde Fiscales.gob.ar, se trata del primer caso formalizado en esa jurisdicción por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos con participación de una sociedad comercial.