Megaoperativo en Libertador: Gendarmería allanó siete domicilios y la municipalidad en una causa por lavado

La localidad correntina de Pueblo Libertador fue escenario el día de ayer de un amplio operativo judicial por una investigación de lavado de activos. Cerca de un centenar de efectivos de Gendarmería Nacional llegaron a la ciudad en las primeras horas de la mañana y realizaron al menos siete allanamientos de manera simultánea en distintos puntos del ejido urbano. La intervención fue ordenada por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y estuvo a cargo del fiscal federal Mariano de Guzmán. Participaron agentes de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) con asiento en Goya y del área especializada en Delitos Económicos.

Los procedimientos abarcaron domicilios particulares, estudios contables, dependencias de la Municipalidad local e incluso cabañas. En cada lugar, los gendarmes, que contaban con información previa sobre las propiedades a inspeccionar, rastrearon documentación y otros elementos que pudieran resultar relevantes para la pesquisa en curso. En varios de los sitios lograron secuestrar material que será analizado en las próximas jornadas como parte de la causa.

Según trascendió a partir de la cobertura del periodista local Juan Cruz Velazquez, entre las personas mencionadas en el expediente se encuentran una mujer de apellido Cáceres y un hombre identificado como Cejas. Ambos están bajo la lupa de la Justicia Federal por su presunta vinculación con maniobras de lavado de dinero, aunque los detalles específicos de las operaciones que se les atribuyen no fueron revelados públicamente hasta el momento.

El caso cobra especial relevancia porque Cáceres arrastra un antecedente penal de peso. En febrero de 2016 fue detenida junto a su pareja y su suegro tras protagonizar un accidente vial con una camioneta. Cuando los efectivos policiales acudieron al lugar para asistirlos, encontraron dentro del vehículo aproximadamente 50 kilos de cocaína repartidos en varias cajas. Su suegro, Pedro Bareiro, se desempeñaba en ese entonces como funcionario del Ministerio de Economía de la provincia de Formosa. Por aquel episodio, la mujer fue condenada a cuatro años de prisión.

Tras cumplir esa condena, Cáceres se radicó en Pueblo Libertador, donde ahora volvió a quedar en el centro de una investigación federal. La magnitud del despliegue de Gendarmería generó conmoción entre los vecinos de la localidad, que desde temprano observaron el movimiento inusual de vehículos y uniformados por sus calles. La causa continúa abierta y se espera que el análisis de la documentación incautada permita avanzar en la reconstrucción de la trama financiera bajo sospecha.