Detienen a una mujer que se atrincheró en una biblioteca del ex barrio Emerenciano tras perder su cargo

Un operativo policial se desarrolló esta mañana en el ex barrio Emerenciano de la ciudad de Resistencia, luego de que una mujer identificada como Nancy N.G. impidiera el acceso al edificio de la biblioteca ubicada en la Escuela de Educación Pública de Gestión Social (EPGS) N° 2, sita en la Avenida San Martín 3300. La mujer, señalada como de estrecha relación con Emerenciano Sena, fue finalmente detenida por efectivos policiales tras resistirse a las indicaciones del fiscal interviniente.

Según trascendió, la denunciada había ocupado el lugar cambiando las cerraduras del edificio y dejando sin acceso a docentes, directivos y alumnos que se presentaron al establecimiento. Ante la situación, las autoridades del establecimiento se dirigieron a la comisaría para asentar la denuncia correspondiente y dar aviso al fiscal, dado que el espacio en cuestión forma parte del patrimonio escolar y está destinado exclusivamente al uso educativo.

El fiscal que tomó intervención se hizo presente en el lugar e intimó a la mujer a que desalojara voluntariamente el edificio y retornara a su domicilio. Se negó, argumentando que el espacio le pertenecía por haberlo recibido de Emerenciano Sena. Ante esa postura, y tras reiteradas advertencias, personal policial femenino procedió a su detención.

La denuncia formal

El conflicto adquirió una dimensión judicial adicional la semana pasada, cuando C.A.V.M, docente de 40 años y miembro de la Asociación Civil Educadores Unidos, radicó una denuncia penal formal ante la Comisaría Decimocuarta Metropolitana de Resistencia. En su presentación, el denunciante detalló que el grupo ocupa el predio educativo del Barrio Papa Francisco desde aproximadamente 2015.

Según la presentación, la mujer, luego de ser notificada de su desafectación, no solo se negó a abandonar el lugar sino que además reclamó el cobro de un alquiler mensual, argumentando que el espacio es de propiedad privada. Paralelamente, exigió la asignación de un cargo dentro de la institución y amenazó con impedir el ingreso de los alumnos el 12 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases, advirtiendo además que se haría presente en el lugar acompañada por integrantes de su movimiento social.

En su denuncia, C.A.V.M. exhibió la autorización otorgada mediante la actuación electrónica N° E45-2024-32-24Ae, por la cual se designa a la Asociación Civil Educadores Unidos como única responsable del sostenimiento del proyecto educativo en ese predio. Aclaró además que los inmuebles de la Chacra 213, donde se encuentra el establecimiento, son propiedad del Estado Provincial conforme al Decreto N° 997/2007, y que es el Poder Ejecutivo quien tiene la facultad de determinar el uso de los mismos. En ese marco, solicitó formalmente una orden de prohibición de acercamiento y acceso de --- tanto a la institución como a sus alumnos y personal.

Los antecedentes administrativos

El conflicto tiene antecedentes documentados. A través de la Resolución N° RES-2025-5361-29-1655, firmada el 18 de noviembre de 2025 por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sofía Naidenoff, el gobierno provincial había dispuesto la desafectación del cargo de Directora de Biblioteca de 3ra. correspondiente al CEIC 196 en la EPGS N° 2, e inhabilitado el servicio bibliotecario en dicho establecimiento. La medida fue adoptada a solicitud de la Supervisión de Biblioteca, con aval de la Dirección Regional Educativa y la Dirección de Servicios Bibliotecarios, al considerarse que el servicio no cumplía su función.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, Nancy había solicitado infructuosamente al director del establecimiento que se le asignara algún cargo o que se formalizara un comodato a su nombre sobre el inmueble. Sin embargo, no contaba con ninguna documentación que avalara titularidad o derecho de uso sobre el espacio. Paralelamente, se indicó que la mujer ya había sido reubicada como personal de la Biblioteca Herrera, por lo que carecía de vínculo funcional con el edificio en cuestión.

Las fuentes señalaron además que los terrenos y el espacio físico donde funciona el establecimiento son de dominio del Ministerio de la Producción de la provincia y forman parte del patrimonio que retornó al Estado provincial, lo que descarta cualquier pretensión de propiedad privada sobre el lugar.